El director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, será juzgado por un posible delito de falsedad en la concesión de ayudas a una empresa de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat. El juzgado de Instrucción número 9 de València ha dictado la apertura del juicio oral.
En esta causa se investiga la posible falsedad en un documento de 2018, firmado por el mismo Trenzano, en el que asegura que se habían fiscalizado las ayudas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación, que se concedieron en 2015 y 2016 a dos empresas de Francis Puig.
Aunque la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento del caso, para el juez ha pesado más los criterios de la acusación particular ejercida por el Partido Popular. A partir de ahora, ambas partes tendrán dos semanas para presentar sus escritos de conclusiones. El caso se juzgará en un juzgado penal.
La causa surgió a raíz de una denuncia de la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.
En concreto, en el escrito se denunciaba que el director general había faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias".
Inicialmente, el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa al entender que correspondía al ámbito contencioso-administrativo y no ver indicios de ilícito penal, pero la Audiencia revocó esa decisión y acordó continuar el procedimiento para poder determinar, no solo los contenidos del documento, sino "principalmente, las intenciones y voluntad del denunciado" a la hora de emitirlo.
Así, el juzgado acabó acordando este verano el procesamiento de Trenzano tras tener en cuenta, entre otras cosas, las declaraciones de un funcionario jefe de sección que dijo que en las subvenciones de esos años no hubo plan de control por varios motivos, como una enfermedad con baja médica suya, cambio del procedimiento de tramitación de subvenciones durante la anualidad 2016 o problemas técnicos.
Asimismo, declaró que esos dos expedientes no se controlaron hasta 2018 "porque no había nada que les hiciera dudar y no habían salido en el sorteo, aplicando el sistema aleatorio" de control. Y el realizado en 2018 supuso la conformidad y legalidad de las subvenciones concedidas.
Contra el auto de procesamiento apelaron tanto Rubén Trenzano como la Fiscalía. Tras ello, la Audiencia desestimó las alegaciones y ordenó seguir procedimiento. Ahora se ha abierto juicio oral. La acusación 'popular' reclama seis años de prisión para el acusado.