La trama Azud, en la que se investigan supuestas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de València por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, pagó en efectivo —dinero negro— más de 7,1 millones de euros en comisiones a cargos públicos.
Así se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con fecha de abril de 2021, incorporado al procedimiento de Azud que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 13 de València y al que ha tenido acceso Europa Press.
En las conclusiones de este informe, se indica que el Grupo Axis, liderado por el empresario Jaime Febrer, habría desarrollado una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones a diferentes cargos públicos para obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes administraciones públicas.
Las "evidencias" señalan que estas prácticas se habrían desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013, centrándose principalmente su ámbito de actuación en el Ayuntamiento de València.
No obstante, advierte la UCO, también se habrían desarrollado o pretendido este tipo de prácticas en otras administraciones, en concreto, en los Ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (València); Benicàssim (Castellón) o a las empresas públicas Aguas de Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) o Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa).
En cuanto a los supuestos pagos efectuados por el Grupo Axis, tanto a diferentes cargos públicos como a una serie de personas relacionadas y a las que se presume capacidad sobre diversos trámites o procedimientos administrativos, la UCO ha identificado varias formas para materializarlos.
La primera es la suscripción de contratos supuestamente ficticios y vacíos de contenido que habrían posibilitado la generación de relaciones comerciales que, sobre un marco contractual con apariencia de legalidad, habrían posibilitado el pago de comisiones.
La segunda forma es la materialización de compraventas por un precio superior al real o de mercado, lo que habría supuesto un beneficio para los cargos públicos o personas relacionadas a los mismos; otra forma de pago es la materialización de regalos de diferente índole y valor que, a juicio policial, en muchos de los casos habrían excedido los usos sociales; o el pago de sumas de dinero en efectivo.
Para esta última forma de proceder, el pago de sumas de dinero en efectivo a diferentes cargos públicos o personas relacionadas, el Grupo Axis habría contado con una estructura personal y societaria que, a modo de apéndice y formalmente ajena al grupo empresarial, habría actuado al servicio del mismo, posibilitando la generación de importantes sumas de dinero en efectivo en el periodo investigado que se cifra en 7,1 millones de euros y que, supuestamente, habría tenido entre sus finalidades el pago de comisiones a diferentes cargos públicos.
El papel de Rubio
Dentro de este informe, la UCO dedica un apartado al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exconcejal en el consistorio Rafael Rubio (PSPV). Advierte de que su principal vinculación con los hechos investigados deviene de la operación urbanística desarrollada por la mercantil MAI y el Ayuntamiento de València, básicamente consistente en la asunción por MAI de una deuda contraída por el Ayuntamiento de València a favor de terceros por un valor superior a 31 millones, recibiendo a cambio por parte de este Ayuntamiento, como contrapartida por la subrogación en el montante de esa deuda municipal, tres parcelas de uso residencial.
Los indicios recopilados "evidencian" que, en el marco de esta operación urbanística materializada entre el Ayuntamiento de València y la mercantil MAI, se habrían abonado supuestamente alrededor de 1,8 millones a diferentes cargos públicos o personas relacionadas, entre los cuales se encontraría Rafael Rubio.
En relación a este último aspecto, el cobro y manejo de fondos de origen desconocido y en fechas contemporáneas a los supuestos pagos, en el caso de Rafael Rubio, del análisis efectuado se desprende que, coincidiendo con la fecha en la que supuestamente se habrían materializado los pagos, contrató una caja de seguridad en una entidad bancaria y, desde ese momento, tuvo lugar en sus productos bancarios un cambio de dinámica de funcionamiento aparentemente indicativa del manejo de dinero en efectivo.
Así, desde mediados del año 2007 se comienzan a producir en sus productos bancarios imposiciones en efectivo, muchas de las cuales se materializan mediante operativas de fraccionamiento que, a juicio policial, podrían tener como objetivo eludir las preceptivas comunicaciones a los organismos de control. En el periodo comprendido entre los años 2007 y 2012 se contabilizan un total de 77 imposiciones en efectivo cuyo importe conjunto asciende a 197.256 euros.
Fondos bloqueados
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de fecha de junio de 2021, informa a la instructora del resultado de los bloqueos de productos financieros en cuentas bancarias de los investigados, entre ellos, los de Rubio y su mujer; el exvicealcalde de València Alfonso Grau o el exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera.
En el caso de Rubio, el importe de los fondos bloqueados a esa fecha ascendía a 525.500, entre ellos, 147.556 de un fondo de inversión, 92.000 en un depósito, 61.189 en otro fondo de inversión y 69.638 en un contrato de valores. Su pareja, 162.939 euros, de los que las cantidades más elevadas corresponden a dos fondos de inversión por valor de 61.035 y 71.279 euros.
Respecto a Grau, la cantidad asciende a 290.850 euros, de los que 273.978 corresponden a un plan de pensiones y José Luis Vera, 41.916,prácticamente todo en una cuenta de valores.
En un auto de la instructora de enero de este año, la magistrada hace referencia al patrimonio de Rubio y la investogación por un delito de blanqueo de capitales, un hecho que "supone no solo la introducción en el circuito económico del dinero de procedencia delictiva, sino también la transformación y afloramiento de este en bienes muebles e inmuebles".
En este caso, la instructora señala que el investigado se valió de efectuar ingresos en efectivo de "escasa entidad" en las diferentes cuentas abiertas a su nombre "confundiendo dicho dinero con el que percibía como sueldo en su calidad de funcionario y autoridad pública". Una vez realizado el rastreo del dinero, "resulta que, por ahora, se ha detectado la suma de 190.000 euros, cuya entrada en sus cuentas carece de justificación siendo por tanto su origen desconocido, pero coincidente a partir de la apertura en 2007 de una caja de seguridad".
En este periodo, señala la magistrada, adquirió bienes de todo tipo "lo que supuso una actividad de transformación del dinero de origen ilícito". En varios escritos del fiscal, se apunta a la posibilidad de que Rubio hubiera podido obtener por el soborno "cantidades que oscilan entre los 300.000 y 750.000 euros".
El fiscal subraya que la pareja ingresaba en las cuentas bancarias a nombre de los dos en la época en la que empieza a recibir el soborno "en pequeñas cantidades, de forma sucesiva, a veces dos en un mismo día" y principalmente entre los años 2007, 2008, 2009, 2010 y de forma más residual en 2011 y 2012 y que ambos diponen, por el dinero bloqueado en sus cuentas, de un patrimonio "nada despreciable" para dos funcionarios públicos, sin perjuicio del avance de la investigación".