Antes de abril de 2025, todos los municipios (incluidos los de menos de 5.000 habitantes) tienen que aplicar la nueva tasa de gestión de residuos en cumplimiento de una directiva europea encaminada a la reducción de la contaminación. Una tasa, popularmente conocida como el ‘tasazo de la basura’, que contempla un recargo por persona y que, en algunos casos, podría suponer el triple del coste actual de la tasa de la basura.
Y es que como explica el presidente de la EMTRE (Entidad Metropolitana de Tratamientos de Residuos Sólidos) y alcalde de Almàssera, Emilio J. Belencoso, “la ley 7/2022 de Economía Circular obliga a todas las entidades locales a financiar el cien por cien del coste del servicio, lo que inevitablemente repercutirá en una subida de la tasa de basura para el próximo año”. Como señala Belencoso, “desde la EMTRE hemos tenido que hacer un esfuerzo ingente en los presupuestos del próximo año para acolchar, en la medida de lo posible, lo que supondrá la nueva tasa”.
Una situación que ha generado malestar entre las distintas corporaciones municipales. “Sinceramente, no creo que eso de ‘quien consume, paga’ vaya a tener un efecto positivo en cuanto al reciclaje, más bien todo lo contrario. Que el vecino, al final, tenga que pagar el coste del servicio puede hacer que rechacen reciclar. Por otra parte, me parece un ataque a la autonomía de los municipios el hecho de que si no se sube la tasa de basura, se corra el riesgo de que se retengan aportaciones”, ha concluido el alcalde de Almàssera y presidente de la EMTRE.
Ante este escenario, la Diputación de Valencia también se ha pronunciado y ha anunciado que instará al Gobierno de España a que permita a los municipios aplicar la nueva tasa de residuos como consideren oportuno para no incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía. La vicepresidenta Natàlia Enguix (Ens Uneix) ha lamentado que el Gobierno “haya sido incapaz de recurrir una ley europea con la que no estamos de acuerdo”, y asegura que el municipalismo “está unido contra esta nueva tasa que pretende incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía, y que en muchos casos duplicará, triplicará y hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”.
Enguix es consciente de que la tasa no puede ser progresiva y que lo único bonificable es el tratamiento de los residuos, por eso considera “injusto que no se permita a los municipios que disponen de recursos reducir ese impacto, como sucede hasta ahora”.
Así, el texto aprobado por la Diputación de Valencia cuestiona el tributo estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no apliquen esta tasa tendrán que hacerlo de forma obligatoria. “El problema del nuevo tributo es que afectará especialmente a los municipios pequeños y medianos, que son la mayoría y que pueden verse afectados por subidas desproporcionadas para sus vecinos”, añade Enguix.
La nueva tasa, que tiene su origen en una directiva marco europea y que persigue el pago por generación en un futuro, fue anunciada en mayo por el Ejecutivo central y deberá estar aplicada en todos los entes locales antes de abril de 2025. En este sentido, los consistorios más grandes trabajan en medidas que sirvan para amortiguar la aplicación de la tasa de residuos estatal y evitar así que se incremente la presión fiscal en sus municipios; pero no ocurre lo mismo en aquellas corporaciones más pequeñas con menos recursos para hacer frente al ‘tasazo de la basura’.
Ontinyent contendrá en 24 euros la subida de la tasa de basura
Algunas localidades ya se han pronunciado sobre las medidas que aplicarán para aliviar la subida en la tasa. Este es el caso de Ontinyent que contendrá en 24 euros (2 euros al mes) la subida de la tasa de recogida y transporte de basura. El concejal de Hacienda, Pablo Úbeda, destacaba el esfuerzo del gobierno local “para subir el mínimo posible esta tasa, después de haber sido congelada durante 12 años, como el resto de tasas e impuestos que dependen del Ayuntamiento”.
“Solo el nuevo impuesto de residuos impuesto por el ejecutivo central de Pedro Sánchez supondrá un impacto previsto de 190.000 euros, que sumado al progresivo aumento del IPC disparará el gasto en la prestación del servicio hasta 1,5 millones de euros, cuando los ingresos son de poco más de 900.000. Para compensar este diferencial, la subida tendría que ser de 51 euros, pasando de los 44 € actuales hasta los 95 €”. Por este motivo, señala Úbeda, “el Ayuntamiento de Ontinyent hará un esfuerzo subiendo la tasa solo 24 euros anuales y asumiendo la diferencia”.