El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha visitado las obras de finalización del edificio de 184 viviendas de protección oficial que se destinarán a alquiler, ubicado en la parcela R-03 del sector La Torre de València.
En la visita, cuyas obras han sido ejecutadas a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), ha estado acompañado por la directora general de Vivienda, Ana Isabel Caballer; el nuevo director de la EVha, Ernesto Fernández; el alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal; técnicos de la entidad, así como responsables del proyecto MCBAD Arquitectos y la empresa constructora Dragados.
Sebastián Fernández ha comprobado el buen ritmo en el que se están desarrollando las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses. Durante su ejecución han trabajado una media de 150 personas a pleno rendimiento para acelerar los trabajos de construcción y cumplir los plazos establecidos.
Asimismo, el secretario autonómico ha afirmado que "la prioridad del presidente Mazón es reactivar y culminar proyectos que, como este, incrementen el parque público de vivienda de la Generalitat”.
Durante el recorrido por el edificio han visitado un piso piloto, una vivienda adaptada 100% a la normativa de accesibilidad y la planta cuarta, en la que se encuentran los espacios comunes.
Asimismo hay que resaltar que se trata de viviendas equipadas y acondicionadas para adaptarse a las condiciones climáticas, en cumpliendo con la normativa actual.
El edificio costa de dos volúmenes, uno de 21 plantas y otro de 15 sobre un zócalo de cuatro. El proyecto contiene viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, así como 8 viviendas accesibles. Todas ellas disponen de terraza.
En la cuarta planta, sobre el cuerpo central, habrá una terraza accesible como entorno colectivo para los residentes y un local comunitario, a los que se podrá acceder desde los cuatro zaguanes.
Se trata de una actuación de edificación promovida por la Generalitat que se acoge a los fondos europeos. Del total de la inversión, cercana a los 23.500.000 euros, aproximadamente 8,5 millones corresponden a los Next Generation y los 15 millones restantes a la Generalitat.