- Las entidades LGTBI consideran "un abandono" la paralización de la Ley LGTBI valenciana
- Oltra dice ante la bilateral por la ley LGTBI que el Consell defiende "ahora, antes y mañana" las leyes de Les Corts
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La sociedad, cada vez, está más concienciada de la importancia de conseguir una igualdad real y efectiva entre los diferentes colectivos que, hoy en día, siguen sufriendo discriminación. Desde el Govern del Botànic se han propuesto marcar un antes y un después en cuanto a la recuperación de derechos se refiere. De esta manera, desde la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, además de trabajar en potenciar la inclusión laboral de los colectivos más vulnerables, como mujeres víctimas de violencia de género o personas sin hogar, entre otros, también se han lanzado dos iniciativas pioneras a escala nacional.
En 2017, la Generalitat Valenciana constituía el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, precursor, como explicaba Oltra, “del Pacto de Estado que se formalizó meses después”. Un pacto, integrado por 73 representantes de las administraciones públicas y de agentes políticos sociales, económicos, cívicos y culturales, que tiene como objetivo principal erradicar el “terrorismo machista” que, cada año, acaba con la vida de muchas mujeres.
En la actualidad, el 76% de las medidas que se plantearon en ese pacto ya están ejecutadas o se han puesto en marcha, mientras que el incremento presupuestario para la lucha contra la violencia de género ha aumentado un 102% de 2015 a 2019. Sin duda, una apuesta firme del Botànic que ha logrado pasar de una inversión de 3,20 euros por habitante en 2015 a 6,48 euros en 2019.
Una vacuna contra la violencia de género que se basa en unas líneas estratégicas bien definidas: garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de género; feminizar la sociedad; coordinar el trabajo para la atención de las mujeres víctimas, pero también de sus hijos e hijas; la dotación de un presupuesto estable para el desarrollo de acciones; y, finalmente, la sociabilización para que este tipo de violencia sea entendida como un conflicto político.
Y es que como aseguraba Oltra, “estamos convocados todos y todas para proteger a las víctimas, pero también para construir una sociedad libre de desigualdades. Si somos capaces de eliminar las barreras sutiles y los micromachismos, también podremos acabar con la parte más dramática del conflicto, que es la violencia machista”.
Así, desde su puesta en marcha, han sido muchos los avances conseguidos. Las mejoras en los Centros de Mujer, en los que se ha incorporado la atención psicológica a los hijos e hijas de la víctima, así como a los recursos residenciales; el protocolo de coordinación suscrito para garantizar la atención psiquiátrica urgente de las mujeres y menores víctimas; o el cribado que se lleva a cabo desde Sanidad para la detección de casos de violencia de género.
Sin embargo, uno de los anuncios más destacados ha sido la ampliación de las indemnizaciones por violencia de género, en las que se incluyen también a todos los hijos de las víctimas, sin necesidad de que sean dependientes económicamente. Asimismo, en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como Ley de Acompañamiento, también se reflejaba el derecho a indemnización por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente absoluta como consecuencia de la defensa de una víctima de violencia machista.
Ley LGTBI, pionera en España
El 3 de diciembre de 2018 entraba en vigor la Ley para la Igualdad de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales, más conocida como Ley LGTBI, que garantiza la igualdad real y efectiva de todas las personas con independencia de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar. Una ley integral que, además de proteger a las personas y educar en igualdad, es otro claro ejemplo de las políticas de igualdad que se han ido impulsando desde el Govern del Botànic.La Ley LGTBI es la primera norma española que dedica un capítulo entero a la situación de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual, que recoge una serie de medidas específicas dirigidas a la visibilidad y la sensibilización social sobre este colectivo.
En este sentido, la ley no solo recoge acciones en el sistema educativo para su visibilización, sino que establece un protocolo específico y la creación de un servicio público de asesoramiento y apoyo para este colectivo, que se hace extensible a familiares y allegados, así como a los hijos e hijas en acogimiento por personas del colectivo LGTBI para evitar situaciones de discriminación.
Una ley reivindicada, durante años, que finalmente veía la luz, y que contempla medidas necesarias como la prohibición de métodos, programas o terapias de aversión dirigidas a modificar la orientación sexual de las personas, así como acciones específicas dentro del sistema sanitario, como la garantía del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o a sus parejas en condiciones de igualdad. Asimismo, garantiza una atención psicosocial integral a aquellas personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.
En la actualidad, el Gobierno central ha convocado una comisión bilateral para abordar algunos puntos de esta ley pionera en España en el tratamiento del colectivo intersexual. Sin embargo, como ha apuntado la vicepresidenta de la Generalitat, “el Consell defiende ahora, antes y mañana las leyes aprobadas por Les Corts, y máxime en casos de leyes que amplían derechos”. Y es precisamente la recuperación de derechos de los colectivos más olvidados lo que ha caracterizado la gestión de estos cuatro años del Botànic.