"Se debe cumplir porque es una norma aprobada y, además, avalada por el TS, para que no quede duda". Con estas palabras describía la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, la anulación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del TSJCV por la que se revocaba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel). Con esta ratificación, se da luz verde a la protección de más de 6.500 hectáreas del litoral valenciano.
La Generalitat aprobó por decreto el 4 de mayo de 2018 el denominado Pativel. Sin embargo, en marzo de 2021 una sentencia del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana lo declaró nulo al concluir que no existía en el expediente administrativo un estudio económico-financiero con los costes de implementación. Esto, debido a incumplir la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género ni informes sobre el impacto en materia de infancia, adolescencia y familia, y por no haberse sometido a "una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica".
La sala del TS estima así el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra esa resolución y rechaza las alegaciones de la inmobiliaria a la que el TSJCV dio la razón en primera instancia, en una resolución que anula por no ser conforme a derecho, pero en la que acuerda retrotraer las actuaciones a fin de que el tribunal valenciano, con observancia de lo acordado por el TS, dicte un nuevo fallo.
Según señala el TS, una vez anulado ese fallo, y dado que para resolver el recurso contencioso del que trae causa es precisa la interpretación de la normativa autonómica, competencia de la sala de instancia, ordena que sea el TSJCV el que dicte una nueva resolución en la que resuelva "los demás motivos impugnatorios -formales o materiales- esgrimidos por la parte actora en apoyo de sus pretensiones" (la mercantil), con observancia de lo decidido en esta sentencia.
Ante estas recientes informaciones, la reacción por parte de los componentes del Botànic no se ha hecho esperar. Para Mónica Oltra esta sentencia supone "una muestra de que las políticas que se necesitan implementar son las de respeto al territorio, la lucha contra la emergencia climática y las que se sustancian en herramientas como el Pativel, que protege la costa, el medio ambiente y la resiliencia contra el cambio climático".
Por su parte, la consellera de Transición Ecológica Mireia Mollá valora como “una grandísima noticia” la decisión del TS, ya que se trata de "uno de los documentos más importantes que ha habido en las últimas décadas en la Comunitat" porque "protege la costa que aún estaba liberada de la agresión urbanística"." Estamos en un contexto en el que el Mediterráneo y nuestro litoral está señalado en el sexto informe de los expertos del cambio climático como el lugar donde vamos a vivir los mayores efectos del cambio climático, por lo que es necesario tener la costa protegida".
La incógnita de la ampliación del Puerto de València
Tras esta ratificación por parte del Tribunal Supremo acerca del Pativel, queda saber cómo influirá en el proyecto de ampliación norte del Puerto de València. El presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, se muestra optimista de que la Justicia les dé la razón tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del TSJCV que revocaba el Pativel y que el alto tribunal valenciano haya despejado el Pla de Protecció de l'Horta.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, no concretaba el viernes si la Generalitat tiene pensado recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anuló la resolución de la Conselleria de Vertebración del Territorio que en diciembre de 2018 disponía aprobar definitivamente el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València, ya que aún está en estudio.
Así lo indicó al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde sijo que los servicios jurídicos tienen hasta el 26 de mayo de plazo para presentar un posible recurso contra ese fallo, algo que está "en estudio" y para lo que aún hay tiempo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado en abril el recurso presentado por la asociación de vecinos de La Punta La Unificadora y declaró nula la resolución y el plan especial de la ZAL "por ser contrarios al derecho".