Hasta 15.000 euros de sanción podrían imponerse a aquellos consumidores de prostitución que obtengan sexo a cambio de dinero en carreteras autonómicas, en el caso que fructifiquen los cambios en la Ley de Carreteras en los que trabaja la Generalitat.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que se ha solicitado a la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad la modificación de varios artículos de esta norma, datada de 1991, para que se pueda sancionar esta práctica con el objetivo de “establecer una sociedad libre de prostitución”.
Concretamente, la propuesta pretende incluir un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual” estableciéndose, además, “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.
Por otro lado, desde la Conselleria se pide incorporar otro apartado que defina como infracción grave “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley”, dejando claro que “en ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual”.
En este sentido, adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros.
Modelo valenciano para erradicar la prostitución
Gabriela Bravo ha participado esta mañana en el Foro Feminista "Propuestas Ordenanza Prostitución", organizada por el área de Protecció Ciutadana del Ajuntament de València. Durante su intervención ha explicado que el modelo valenciano para erradicar la prostitución está basado “en la necesidad de garantizar derechos fundamentales porque sin ellos no podemos hablar de democracia”.
En este sentido, la consellera ha defendido que, aunque hay que “poner el foco en los proxenetas”, también “hay que mirarlas a ellas, que no están ahí por su voluntad sino porque seguimos arrastrando un concepto de sociedad patriarcal en el que hay hombres que consideran que tienen derecho a pagar por el cuerpo de una mujer”.
La Generalitat Valenciana trabaja desde hace 15 meses en medidas concretas que marquen un camino hacia la abolición de la prostitución, como el caso de la modificación de la Ley de Espectáculos y el modelo de Ordenanza Abolicionista “para acabar con este fenómeno que nos avergüenza”, ha incidido la titular de Justicia, Interior y Administración Pública.