El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha abogado por esperar a que la justicia dictamine lo que corresponda "en cada momento" tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Azud, que afecta a cargos del PP y de su partido y está relacionado con el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos.
"Todo esto forma parte de lo que eran prácticas del pasado y está residenciado fundamentalmente en un gobierno que tenía mayoría absoluta", ha declarado tras intervenir en un foro sobre fondos europeos en alusión a la etapa de Rita Barberá como alcaldesa de València.
Puig ha añadido, acto seguido, que aunque él no entiende "muy bien qué se pretende con otras acciones" —sin mencionar nada concreto del sumario— que en cualquier caso respeta absolutamente a la justicia porque "es de lo que se trata".
Sobre si el PP debería tomar decisiones en Les Corts si finalmente es imputado el diputado Jorge Bellver, que aparece en una lista de regalos de la trama cuando era concejal, se ha limitado a reiterar que "hay que dejar trabajar a la justicia en cada momento". "En este y en todos los casos", ha subrayado.
Respecto a los cargos o concejales socialistas, y si le preocupa a un año de elecciones, Puig lo ha negado recordando que el caso viene de "hace más de una década". "Por tanto, lo veo con el mismo respeto sean del partido que sean", ha recalcado, para asegurar que la Comunitat ha logrado "levantar la hipoteca reputacional" y situarse entre las regiones europeas con mejor reputación democrática.
Rumorología
"Ese es el camino: esto forma parte de un pasado al que no hay que volver", ha abundado, y no ha querido entrar en si el sumario habla de una posible financiación ilegal del PSPV: "Esto es rumorología y no lo sé, sinceramente".
Por todo ello, el presidente valenciano ha hecho hincapié en que "siempre" basan su mirada en el respeto a la justicia y en que hay que esperar a ver "qué dice en este momento", además de garantizar que en función de lo que dictamine tomaran "las decisiones oportunas".
En esta causa, originada hace cinco años, se investigan delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal y figuran como imputadas unas 60 personas. Entre ellas, el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la exprimera edil y abogado, José María Corbín; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.