Se cumplen seis días desde que se estableció la acampada por el derecho a la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento de València. Sus integrantes aseguran que seguirán allí por lo menos hasta el próximo domingo, día en el que se decidirá si continuar. Además, también se han propuesto llevar a cabo nuevos métodos de presión, como trasladarse a otros espacios públicos de la ciudad, impulsar la celebración de nuevas marchas de protesta o sumarse a huelgas de alquiler o consumo.
"No nos rendiremos hasta conseguir nuestros objetivos, porque nos va la vida. La acampada es una estrategia política que se construye día a día. Hemos recuperado la plaza del Ayuntamiento y la hemos hecho nuestra, como símbolo del vecindario en resistencia. Ahora vamos un paso más allá: si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza. Lo queremos todo y lo lucharemos todo", ha indicado Alba Font, una de las portavoces de la acampada.
Son decenas de personas las que continúan acampadas desde que el pasado sábado decidieron ocupar la plaza para continuar con las demandas de la multitudinaria manifestación 'València s'ofega' convocada por el movimiento València no està en venda. Hasta la fecha, los acampados han asegurado su intención de continuar en el lugar hasta el domingo. No obstante, desde la organización recalcan que eso no supone el fin, puesto que a diario deciden mediante la celebración de asambleas si seguir o no con la acampada.
Las meta principal de los manifestantes es clara: conseguir que se apliquen las demandas que se hicieron durante la marcha. Para alcanzar dicho objetivo, los protestantes seguirán “construyendo redes populares a favor de la vivienda”, llegando incluso a expandir la acampada a otras localizaciones de València. Desde las organizaciones que participan en la iniciativa explican que es necesario que la ciudad pare por la crisis de la vivienda y la escalada de la turistificación.
También tienen en mente volver a convocar manifestaciones y, a su vez, sumarse a las ideas de agrupaciones sindicales de una realizar huelga de alquileres o una huelga de consumo. Concretamente, se propone dejar de comprar en empresas que "destruyen el territorio y especulan con la vivienda" y las que "hacen préstamos a la Generalitat y a los ayuntamientos".
Estas “medidas de presión”, como lo han catalogado los acampados, se han decidido de forma colectiva y solo se pondrán en marcha si no se aprecian “cambios reales y efectivos”. Según han informado, este viernes tienen la intención de entregar sus reivindicaciones por registro de entrada al Gobierno, a la Generalitat y al Ayuntamiento de València.
"No podemos comer cemento”
Los integrantes de la acampada han mostrado su rechazo a la proposición de los representantes políticos de construir nuevos hogares como solución. “No podemos comer cemento”, ha sentenciado Marta Sanchis, portavoz de la protesta. Desde València no està en venda piden a las administraciones que tengan voluntad política y han advertido de la posibilidad de que se establezca una huelga general ante la crisis de la vivienda. Además, ha explicado que las propuestas planteadas por el Gobierno, el Consell y el Ayuntamiento tienen trampa. "En el contexto en el que estamos, las medidas tienen que ser drásticas: una moratoria de un año no es nada", ha subrayado.
Peticiones
Los acampados solicitan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se regulen los alquileres en función a la renta, la prohibición de compra de vivienda por parte de fondos de inversión y el fomento de modelos cooperativistas. Además, exigen que se paralicen los desahucios sin alternativa habitacional y se inviertan fondos en crear un parque público de vivienda.
Entre peticiones hechas las al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se encuentra la aplicación de la Ley estatal de Vivienda. Por otro lado, piden que se obligue a grandes tenedores a renovar contratos a familias sin recursos. Otras de sus propuestas son poner "fin a la promoción turística", anteponiendo a los vecinos y a los productos de proximidad, y no modificar la protección de la huerta de València.
A la alcaldesa de València, María José Catalá, le demandan la declaración de València como zona tensionada para regular los alquileres, crear un parque público municipal o estudiar la prohibición de los apartamentos turísticos, junto a una moratoria de licencias hoteleras. Piden además revertir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto a suelo agrícola, mantener l'Albufera y la huerta como "espacios intocables" y paralizar proyectos urbanísticos como los Programas de Actuación Integrada (PAI).