El nuevo Decreto-ley que regula las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana, aprobado la pasada semana, ha generado diversas reacciones y planteado importantes cambios en la normativa sobre este tipo de alojamiento. Esta regulación busca organizar el creciente sector de las viviendas turísticas y garantizar tanto el cumplimiento de las normativas como una mayor seguridad para propietarios y turistas. ¿Cuáles son las novedades? A continuación las detallamos.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, destaca que este Decreto-ley cuenta con “el respaldo de las asociaciones del alojamiento, de las principales organizaciones sindicales y de las entidades representantes de los consumidores y usuarios”, e incide en que “esta norma no se ha hecho desde un despacho de espaldas al sector, se ha elaborado con el concurso de este, porque este Consell no gobierna para los sectores, sino con los sectores”.
Límites al alquiler
Una de las principales novedades del decreto es la limitación del periodo de alquiler de una vivienda turística. A partir de su entrada en vigor, sólo se puede alquilar una vivienda turística por un máximo de 10 días a un mismo cliente. Esta medida se establece para diferenciar las viviendas de uso turístico de otras modalidades de alquiler de corta estancia, las cuales quedan bajo la competencia estatal. De esta forma, el decreto marca una clara separación en el ámbito de la regulación de los diferentes tipos de alquileres.
Esta medida, que afecta a propietarios y gestores, también incluye una cláusula transitoria para aquellos contratos firmados antes de la entrada en vigor de la norma (8 de agosto de 2024), permitiendo que, en dichos casos, los contratos superiores a 10 días se mantengan hasta su finalización. Este cambio busca frenar el aumento de viviendas destinadas exclusivamente al alquiler turístico, garantizando un control más preciso por parte de las autoridades.
Certificados y trámites
Otro aspecto relevante del decreto es la obligatoriedad de contar con un certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento. Este documento, junto con la referencia catastral individualizada, será clave para poder inscribir una vivienda en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. Adicionalmente, las comunidades de vecinos juegan un papel crucial, ya que los propietarios deberán presentar un certificado que acredite que la comunidad no se opone al uso turístico del inmueble.
Además, la inscripción en el Registro de Turismo tendrá una caducidad de cinco años, lo que implica que los propietarios tendrán que renovar la inscripción regularmente, asegurando que las viviendas cumplan con todos los requisitos vigentes. De no cumplirse con las normativas establecidas, la inscripción puede ser revocada, con consecuencias económicas para los propietarios.
Normas de convivencia y uso
El nuevo decreto también incluye medidas para garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos, imponiendo la obligación de disponer de unas normas de régimen interno que regulen el comportamiento de los huéspedes. Estas normas deben abarcar aspectos como el uso de instalaciones comunes, la admisión de animales y el respeto a las reglas de convivencia de la comunidad. Además, se prohíbe la entrega de llaves a los inquilinos a través de cajetines en la vía pública, una práctica que se había extendido entre los propietarios y gestores de viviendas turísticas.
Por otro lado, el decreto establece que todas las viviendas de uso turístico deben cumplir con unas dimensiones mínimas y condiciones de habitabilidad equiparables a las de las viviendas residenciales. Las instalaciones, como tomas de corriente, servicios de limpieza, y acceso a internet, deben cumplir con estándares específicos para garantizar una experiencia adecuada a los turistas. El incumplimiento de estas medidas puede acarrear sanciones graves para los propietarios.
Crecimiento de viviendas turísticas en València
El crecimiento del número de viviendas de uso turístico ha generado un intenso debate en la ciudad de València, especialmente en lo que respecta a su impacto sobre el acceso a la vivienda y la convivencia en las zonas residenciales. Según datos recientes proporcionados por Compromís en el Ayuntamiento de València, desde mayo de 2024, momento en que se aprobó una moratoria en la concesión de licencias para nuevas viviendas turísticas, se han sumado 800 apartamentos adicionales a la oferta ya existente. Esta cifra pone de manifiesto que, a pesar de la moratoria, el crecimiento de este tipo de alojamientos sigue en aumento, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales y los ciudadanos.
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, considera que esta situación evidencia la necesidad de tomar medidas más estrictas para frenar el crecimiento descontrolado de los apartamentos turísticos en la ciudad. Robles ha planteado la "sospecha" de que algunos actores del sector fueron informados previamente sobre la moratoria, lo que les permitió solicitar licencias antes de su entrada en vigor. Esta acusación ha generado una fuerte polémica, en la que Robles ha insistido en la insuficiencia de la moratoria y ha reclamado una modificación urgente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular de forma más efectiva el fenómeno.
Equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda
El nuevo Decreto-ley de la Comunitat Valenciana sobre viviendas turísticas tiene como objetivo principal ordenar un sector en constante crecimiento y garantizar el cumplimiento de normativas que beneficien tanto a los propietarios como a los turistas y ciudadanos. Sin embargo, en ciudades como València, donde el fenómeno del alquiler turístico ha provocado tensiones en el acceso a la vivienda y la convivencia, las medidas adoptadas hasta ahora parecen no ser suficientes.
El debate sobre la regulación del turismo y su impacto en la vida urbana sigue vigente, y será necesario un esfuerzo conjunto por parte de las autoridades locales y autonómicas para encontrar un equilibrio entre la promoción del turismo y la protección del derecho a la vivienda.