Unas 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana han unido fuerzas para convocar una nueva manifestación el próximo 1 de febrero en la ciudad de València. La reivindicación consiste en la reclamación de la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión el pasado 29 de octubre de 2024, día de la DANA que arrasó gran parte de la provincia valenciana.
Previamente a la marcha, tres meses después de la riada, es decir, el 29 de enero, se realizarán varios actos de protestas en localidades de la autonomía. De momento, se ha confirmado en Alicante, Alcoy y Burjassot, aunque hay muchos otros pendientes de ratificación.
Tras tres protestas, esta cuarta manifestación seguirá con el famoso lema ‘Mazón dimissió’. Así, se exigirá “justicia, reparación y dignidad” al president, al que demandan que responda ante la “inactividad, falta de responsabilidad y gestión nefasta del Consell ante la catástrofe del pasado 29 de octubre”.
La marcha dará comienzo en la plaza del Ayuntamiento de la capital a las 18:00 horas del 1 de febrero. Antes de culminar en la plaza de la Virgen, pasará por las calles Las Barcas, Poeta Querol, La Plaz, Bordadores, Micalet y plaza de la Reina. Las agrupaciones organizadoras del acto han informado de que el objetivo principal es "visibilizar la censura que se está empezando a poner en marcha, la falta de transparencia, la impunidad, la falta de responsabilidad y la incompetencia en la reconstrucción".
"Tres meses después de la tragedia todavía hay calles con barro, las ayudas llevan retraso y no se ha hecho público el supuesto plan de reconstrucción. Ahora el gobierno valenciano se dedica a contradecir semana sí, semana también, las palabras de su vicepresidente militar, una señal más de las mentiras y el amateurismo de gestión que caracteriza los dirigentes actuales", reprochan las organizaciones.
Asimismo, también protestan ante lo que consideran unas declaraciones “indignas” por parte del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, al haber acusado a un medio de comunicación público como es À Punt de linchar a Mazón. "À Punt ha estado a la altura de las circunstancias en todo momento y el único que ha tenido un responsable que ha dimitido", declaran los colectivos.
Otra reivindicación va de la mano de la “incompetencia y gestión negligente” del conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, después de que se haya hecho público que estuvo en su casa de Alicante aunque conocía que centros escolares habían cerrado y cesado las clases.
También, denuncian que todavía "hay personas con movilidad reducida que, por la falta de puesta en marcha de los ascensores en fincas, no pueden salir a la calle; hay niños y niñas fuera de sus centros escolares habituales y, por si no fuera poco, hay víctimas colaterales como la del último operario muerto en Benetússer, que se suma al de Massanassa en un centro escolar en tareas de reconstrucción". Por ello, exigen que las revisiones y exámenes técnicos determinan la seguridad de las estructuras afectadas. "No se pueden perder más vidas de personas trabajadoras", sentencian.
“Falta de transparencia insultante”
Pero todavía hay más. Y es que las entidades manifestantes critican que se ha producido una “falta de transparencia insultante” con “empresas de amigos y jefes de gabinetes favorecidas, compañías con contratos millonarios a dedo que aparecen en sumarios y sentencias por casos de corrupción y la negativa constante del presidente de la Generalitat Valenciana a mostrar qué estaba haciendo y donde la tarde del 29 de octubre de 2024".
Según los colectivos, Mazón ha empeorado la situación al banalizar el desastre de la DANA intentando “enfrentar al pueblo valenciano con el de Palestina”. Esto se debe a que, hace unos días, el president anunció en Les Corts ayudas para Gaza. Unas palabras que, para muchos, fueron "desafortunadas, malintencionadas e indignas de un representante público".
Por todos estos motivos, las entidades hacen "un llamamiento a salir a la calle para reclamar soluciones, respeto y responsabilidades". "Exigimos comisiones de investigación tanto en el parlamento español como en Les Corts Valencianas, para saber toda la verdad. Investigaciones de oficio de la fiscalía para dirimir responsabilidades. Las familias afectadas no pueden esperar más y el pueblo valenciano, tampoco”, declaran las organizaciones.