El próximo curso escolar arrancará con la aplicación parcial de la nueva Ley de Libertad Educativa, aprobada por el gobierno de Carlos Mazón. Una ley que, según sus defensores, “permitirá que nuestros hijos decidan en qué lengua se quieren educar, y no el político de turno”. Para ello, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha enviado instrucciones a los 221 centros educativos de la Comunitat Valenciana, que hasta la finalización del curso 2023-2024 tenían autorizados programas plurilingües experimentales al amparo de la Ley 4/2018 de plurilingüismo del Gobierno del Botànic, para que adapten sus proyectos lingüísticos a la nueva ley.
Como ha defendido el conseller José Antonio Rovira, “esta norma cambia el modelo de imposición del anterior gobierno por otro que promueve la libertad de elección de las familias y fomenta el uso del valenciano al certificarse con un C1 a aquellos alumnos y alumnas que obtengan una nota igual o superior a 7 en Bachillerato”. Así, enfatizaba que “la educación es mucho más que la educación en valenciano. Nosotros trabajamos en el sentido global de la educación, fuera de ideologías”.
No obstante, se trata de una ley que no está exenta de polémica. De hecho, como señalaba Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, “esta ley tiene un claro trasfondo político para censurar el valenciano, quieren arrinconarlo y, sobre todo, problematizar una situación que no es problemática”. En este sentido, Candela recuerda que, cuando en septiembre de 2023 se modificó la ley del plurilingüismo que suprimía la obligatoriedad de que un mínimo del 25 % de las horas se impartieran en valenciano, “la mayoría de los centros educativos en las zonas castellanoparlantes decidieron mantener el porcentaje del valenciano como estaba”.
Asimismo, critica la supresión del valenciano como requisito: “es claramente un retroceso. Cada año, miles de personas se presentan a los exámenes de la Junta Qualificadora porque entienden que el valenciano es útil. Por tanto, eliminar el requisito a estas alturas tiene un claro componen político por parte del PP y Vox”.
Una postura que también comparten desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAMPA) de la provincia de Valencia. Su presidente, Rubén Pacheco, ha sido muy crítico con esta nueva ley que “no aplica ni una sola mejora a la educación, sino todo lo contrario: segrega y discrimina”. Además, no entiende que “antes del Botànic, el Partido Popular proponía un modelo plurilingüe mucho más ambicioso que el que aplicó el anterior gobierno, y ahora hayan cambiado de opinión”.
El presidente de FAMPA se ha mostrado contundente al afirmar que con este modelo “caerá en picado el uso del valenciano” y ha puesto el foco en varias incongruencias de la ley. Para empezar, respecto a la certificación del valenciano en función de la nota: “dicen que con este modelo mejorará el nivel del valenciano, ¿de qué manera lo harán si desaparece prácticamente la enseñanza en valenciano? Por no hablar que, lo más seguro, es que estos certificados que carezcan de validez”.
Además, tampoco entiende la diferenciación que se hace entre lenguas: “¿por qué el alumnado puede elegir examinarse en valenciano o castellano en las asignaturas impartidas en valenciano, pero no aplican el mismo modelo en las impartidas en inglés? Muy sencillo, porque saben que no funciona y que no existe una asimilación real de la lengua con ese modelo. No existen fundamentos pedagógicos que sostengan esta ley. Es una aberración”, ha concluido Pacheco.
Así es la nueva Ley de Libertad Educativa
La nueva Ley de Libertad Educativa de la Comunitat Valenciana, impulsada por el Partido Popular y Vox, introducirá a partir del curso 2025-2026 varios cambios significativos en el sistema educativo regional. La ley restablece la doble línea en castellano y valenciano, permitiendo que las familias decidan, mediante votación, la lengua principal de cada centro escolar. Si al menos el 25% de las familias eligen una lengua, se debe crear una línea en esa lengua. Hasta ahora, era competencia del Consejo Escolar la elección del porcentaje que se destina a cada una de las lenguas, en función del área lingüística en la que se encuentren. A partir de la aplicación de la ley, serán las familias las que tengan la última palabra.
Para las zonas valencianohablantes, desde Infantil hasta 2º de Primaria, la lengua principal (elegida por las familias) representará el 65% del tiempo lectivo, mientras que la otra lengua cooficial tendrá un 25% y el inglés un 10%. En niveles superiores, la asignatura de Matemáticas se impartirá en la lengua principal y el inglés tendrá entre un 15% y un 25%, dependiendo de la votación de las familias. La diferencia entre el tiempo dedicado a las dos lenguas cooficiales no debe exceder el 20% del total del tiempo lectivo.
Una de las novedades más destacadas es que los estudiantes podrán elegir el idioma en el que realizan los exámenes, excepto en las materias lingüísticas. En las zonas castellanohablantes, el valenciano se enseñará solo durante su asignatura específica y los estudiantes podrán solicitar la exención de su estudio en niveles superiores. Esta exención puede ser permanente en zonas castellanohablantes y temporal en valencianohablantes para alumnos extranjeros o de otras comunidades autónomas.
La ley también establece que el nivel de valenciano se certificará según la nota obtenida en la asignatura , y elimina el requisito del valenciano como obligatorio para los profesores de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, considerándolo un mérito en su lugar.
Lo que está claro es que la aprobación de la Ley de Libertad Educativa representa un cambio significativo en el sistema educativo valenciano, que empezará a aplicarse de forma parcial a partir del próximo mes de septiembre, retrasando su aplicación completa hasta el curso 2025-2026.