"El pelotazo urdido desde la Autoridad Portuaria de València, mediante una permuta para beneficiar a Vicente Boluda, investigado en la actualidad por la Fiscalía Anticorrupción, queda más que demostrado por la propia Abogacía General del Estado en un extenso informe que después de una decena de intentos ha podido conseguir el senador de Compromís, Carles Mulet", afirman desde el partido valencianista.
Según apunta Compromís, la fallida permuta aprobada por la Autoridad Portuaria de València (APV), de la concesión de los astilleros sin uso de Unión Naval Valencia, por otros terrenos de 4.700 metros a Boluda Corporación Marítima "se debió anular" ante "los contundentes informes de la Abogacía del Estado, los cuales apuntaban estaba plagado de errores graves y los alcances de estas decisiones están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. La chapucera operación se promovió por parte de la APV para poder continuar con el polémico proyecto de la ampliación norte del Port de València".
Hasta la fecha, nadie había podido conseguir el informe de la Abogacía del Estado. El propio Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria, no había facilitado copia ni a los medios ni a los miembros del Consejo de administración. Mulet había venido exigiendo de acuerdo a la prerrogativas de los miembros de las Cortes Generales en su función de fiscalización del Gobierno, copia de este informe, y hasta 10 veces desde el ejecutivo se había vetado esta documentación (aportando informes que nada tenían que ver con el solicitado). Ahora, usando el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, ha podido acceder al mismo, en el cual queda claras varias conclusiones.
La primera de ellas radica en que "sin perjuicio de su incorrección, la asistencia del vocal representante de la Asociación Valenciana de Empresarios (Vicent Boluda, el propi beneficiado por la permuta) al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia celebrado el 22 de junio de 2018, existiendo conflicto de intereses, no tiene por sí misma transcendencia invalidante".
Seguidamente, desde Compromís afirman que la Autoridad Portuaria de Valencia "no procedió regularmente, ya que debió realizar, a través de sus servicios competentes, las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento por la sociedad Unión Naval de Valencia, S.A. de su obligación de conservar las obras e instalaciones en buen estado, así como para comprobar que la actividad que venía realizándose en la concesión se correspondía con el objeto de ésta según el título concesional".
Además, según defienden, el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se dispuso el otorgamiento, en sustitución de la concesión concedida por rescate y como pago de la indemnización derivada de éste, de una concesión de objeto distinto de la distinguida por dicha causa sin seguir la tramitación indicada en fundamento jurídico IV, apartado B), del presente informe, no es conforme a Derecho.
Para el portavoz de Compromís en el Senado, "es muy grave todo lo que va desgranando el informe de la Abogacía del Estado, una entidad como la APV no puede dedicarse a este tipo de chanchullos cutres para beneficiar de manera tan descarada a un propio vocal de su consejo. Mantener a Martínez al frente de la APV es una temeridad que no nos podemos permitir, siempre que hemos exigido al Gobierno medie para hacer posible el nombramiento de una persona impoluta y que genere confianza, Madrid siempre nos contesta que es competencia exclusiva de la Generalitat y no piensa inmiscuirse, por ello, entendemos, que el M.H presidente de la Generalitat ha de dar ya el paso, cesar a Martínez y nombrar a una persona de consenso y sobre la cual no existan dudas".
Mulet ha reiterado que la falta de trasparencia de las autoridades portuarias, en especial de la de València " estamos ante un caso gravísimo, que han intentado por todos los medios silenciar y ocultar, Aurelio Martínez está en la cuerda floja, la propia Abogacía del Estado deja claro el nido de irregularidades ( que podrían derivar en graves delitos), mantener a esta polémica persona en el cargo es una temeridad, y no actuar ya, puede que después sea tarde para mostrar distancias".