La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha reclamado al Gobierno central que “reconsidere su postura” con respecto al registro de viajeros “ante el rechazo del sector turístico”.
Nuria Montes ha mostrado el respaldo del Gobierno valenciano al sector del alojamiento y de las agencias de viajes frente al conflicto que tienen abierto con el Ministerio del Interior “por la imposición de una nueva orden de registro de viajeros que impone unas obligaciones incumplibles para el sector”.
La consellera ha señalado que “parece mentira que sea muchísimo más fácil pasar el control de una frontera con un DNI o un pasaporte que alojarse en un establecimiento hotelero” donde, a partir del próximo mes de octubre, “se requieren una serie de datos y requisitos que invaden de manera muy importante la intimidad de nuestros clientes”.
En esta línea, ha remarcado que, además, se demanda “unas obligaciones a los propietarios de establecimientos de hacerse responsables de la veracidad de todos los datos que tienen que transmitir, donde se incluyen, además, datos de transferencias bancarias, tarjetas de crédito, o formas de pago de la operación”, lo que ha calificado como “algo inédito”.
Montes ha recordado que “España es el único país de la Unión Europea que tiene registro de entrada de viajeros y, obviamente, este es un factor valorado muy positivamente como medida de seguridad por todo el sector turístico”, pero ha incidido en que “no podemos pensar que todos los turistas que se alojan en hoteles son presuntos delincuentes”.
Asimismo, ha recalcado que “el registro de viajeros tiene que consistir, básicamente, en transponer los datos que aparecen en un documento de identidad o de un pasaporte, sin más obligación adicional”.
Montes ha criticado al Ministerio del Interior por “no dar durante años su brazo a torcer” y ha explicado que “el 1 de octubre entra en vigor definitivamente esta orden, a pesar de que la plataforma informática no funciona y no permite este cumplimiento”, lo que a su juicio “va a situar al sector turístico español en una grave situación de falta de competitividad respecto del resto de Europa”, por ello ha solicitado al Gobierno central que “proceda a la rectificación inmediata de esta orden que regula el registro de viajeros en España”.
Cabe señalar que el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, se prevé que entre en vigor el próximo 1 de octubre.