Mónica Oltra alega contra la prórroga de su investigación judicial

La exvicepresidenta de la Generalitat considera que esta dilación “justifica los fines de determinadas acusaciones”

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Mónica Oltra, acompañada de sus letrados a la llegada a los juzgados
Mónica Oltra, acompañada de sus letrados a la llegada a los juzgados

El escrito de alegaciones remitido por parte del abogado de Mónica Oltra al Juzgado de Instrucción número 15 de València se muestra contrario a prorrogar durante seis meses más la investigación judicial por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.

El abogado de Oltra asegura que en la causa, con su dilación y repercusión mediática, “se justifican los fines de determinadas acusaciones, sabedoras que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines”. 

De hecho, Cristina Seguí, partícipe en la causa como acusación popular a través de la asociación GobiernaTe, se mostró “orgullosa” en sus redes sociales por esta ampliación: “Orgullosa de haber puesto fin a sus aspiraciones políticas apartando a esta gente peligrosa de la vida pública”.

“No procedería acordar ningún periodo de prórroga más”

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se opone a la prórroga al alegar caducidad de la instrucción. Al respecto, recuerda que las diligencias previas se iniciaron en mayo de 2021; en septiembre se sobreseyeron provisionalmente las actuaciones; y en diciembre se ordenó la reapertura de la causa, que se hizo en enero de 2022.

En base a estas fechas, el letrado valora si los plazos de instrucción quedan suspendidos por el sobreseimiento de la causa. Y al respecto se refiere a la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento, que además de prolongar el plazo de instrucción a un año, elimina el sobreseimiento como causa de paralización del cómputo.

En cualquier caso, añade, aunque se contase el periodo, habrían transcurrido más de 12 meses de instrucción, periodo máximo previsto en la norma. Con lo que se opone a la prórroga. “Teniendo en cuenta este criterio, el plazo máximo de instrucción de la causa habría finalizado el 27 de mayo de 2022, por lo que no procedería acordar ningún periodo de prórroga más”, alega.

Finalmente, el abogado insiste en que “tras más de un año de instrucción se nos escapa qué diligencias no se han practicado y que puede dar de más el relato fabulado que ha sustentado las querellas presentadas contra todos los investigados, extremos que justifican nuestra petición de no interesar ninguna prórroga más, y todo ello sin perjuicio que pudiera practicarse las diligencias acordadas con anterioridad al cierre de la misma”.

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