El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría general de todo el sector público valenciano ante la “crítica” situación heredada del Botànic y ante los indicios de “gastos sin control en aspectos de dudosa legalidad”. A esta medida se le sumará la supresión de seis empresas “fantasma” cuyas funciones ya vienen desempeñando otras direcciones generales.
Mazón ha comparecido este martes en una rueda de prensa extraordinaria en la que ha alertado de la situación “crítica” de la Comunitat Valenciana, que tiene “el mayor déficit de España” y cuya deuda pública está en “máximos históricos”.
En este sentido, ha detallado que, tras finalizar con el “gobierno más caro de la historia”, se han encontrado “facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia”, tal y como lo certifican los informes técnicos. “Todos los informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención general de la Generalitat ponen de manifiesto la situación de ineficacia, gasto desmesurado, deuda, malgasto y descontrol”, incide el president.
“Un pozo sin fondo”
Tal y como destaca el jefe del Consell, los informes técnicos ponen de manifiesto “procedimientos de contratación irregulares, falta de rigor y control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, retribuciones a directivos y trabajadores colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización”.
En materia de contratación, solo 4 de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat. Por lo tanto, el 92% del sector público no realiza los procedimientos de contratación pública conforme marca la Ley.
Según los datos que maneja la propia intervención en los últimos 4 años, el conjunto del sector público en manos del Botànic adjudicó de manera directa, es decir, “a dedo”, 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros. En el caso de los contratos menores son 159 millones de euros “a dedo” y en el caso de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación alguno son 554 millones de euros “a dedo”.
“Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic y mediante la cual, la administración valenciana se sirvió para saltarse la mayor parte de las recomendaciones que, sobre la gestión y tramitación de los contratos menores y gastos sin expediente ni crédito presupuestario, que realiza la propia Sindicatura de Cuentas y organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación”, ha denunciado Mazón.
Personal y tesorería
En materia de personal, la propia Intervención de la Generalitat certifica que sólo en el ejercicio 2021 se han producido más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.
Al respecto, el president incide en que la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el Botànic mientras el gasto en personal de las empresas del sector público valenciano se disparó un 47% (el coste en nóminas pasó de los 400 millones en el año 2015 a casi 600 millones el último año de gestión íntegra del anterior gobierno).
En el área de tesorería, “el descontrol es evidente” para Mazón. Según los datos facilitados por la Generalitat, en 22 de las 48 entidades que están sujetas a este tipo de verificación por parte de la Intervención General y las auditorías, se detecta un riesgo alto en el área de controles de pagos, produciéndose pagos sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente. “¿Sabía el Botànic a quién le hacía las transferencias?”, se pregunta el president.
Auditoría General del Sector Público Instrumental
De manera conjunta y complementaria a las auditorías que ya realiza la intervención de la Generalitat, se va a poner en marcha una Auditoría General del Sector Público Instrumental de la Generalitat que contará además con dos pilares básicos de actuación:
El primero de ellos es una auditoría “forensic” en determinadas entidades del sector público para conocer exactamente dónde ha ido cada euro. La elección se hará siempre bajo la coordinación de la Intervención General y la Dirección General de Sector Público de la Conselleria de Hacienda que, en base al trabajo de planificación, detectarán cuáles son las entidades con mayor riesgo y se determinarán los extremos en los que se realizarán las auditorias forensic. Esta auditoría forensic es un procedimiento técnico que se utiliza para detectar, de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado.
La segunda será una auditoría operativa del conjunto del Sector Público Instrumental. La Generalitat realizará con todos los recursos disponibles una auditoría conjunta del sector público que ponga de manifiesto las duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades.
El procedimiento administrativo para ello comenzará en el primer trimestre de este año 2024 y el calendario de actuación se compondrá de dos informes intermedios a lo largo de todo el año y un informe final en el que se vaya detallando el trabajo realizado y las principales conclusiones de futuro.
"Vamos a poner a los mejores profesionales a comprobar uno a uno los gastos que se han producido para conocer las irregularidades y exigir, allá donde haga falta, las responsabilidades administrativas y en su caso penales que se hayan podido producir", ha avanzado Mazón.
Empresas “fantasma”
Asimismo, el informe pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que hay seis entidades que están creadas, de la mano del Botànic, y que las funciones que desarrollan las tienen asignadas de manera directa alguna Dirección General, ya existente en la Generalitat, entrando en un claro conflicto de duplicidades y encomendando tareas que ya se vienen prestando. Estas duplicidades palmarias darían lugar a "más directivos o gerentes colocados a dedo para realizar esa misma tarea", incrementando el gasto de manera ineficiente y poco eficaz.
Por ello, el Consell aprobará en breve el inicio del expediente para llevar a Les Corts un proyecto de Ley para eliminar la Agencia Valenciana de la Energía (DG de Energía), la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad (DG TIC), la Agencia Valenciana de información y control alimentarios (DG de Producción Agrícola y Ganadera y DG de Cadena Agroalimentaria), la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular (escisión VAERSA), la Agencia Valenciana Cambio Climático (DG de Calidad y Educación Ambiental) y la Escuela Valenciana de Administración Pública (DG de Función Pública).