La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha asegurado que la infrafinanciación crónica de la dependencia por parte del Gobierno central a la Comunitat Valenciana “continúa dificultando la atención a las personas que más lo necesitan”.
Así se ha pronunciado la vicepresidenta en el encuentro de trabajo que ha mantenido con el conseller de Derechos Sociales del Govern de Catalunya, Carles Campuzano, para poner en común las políticas en materia de servicios sociales que llevan a cabo desde los dos gobiernos.
Ambos responsables han coincidido en la necesidad urgente de mejorar la financiación de la ley de dependencia, al tiempo que han reclamado el traspaso de la gestión y los fondos del Ingreso Mínimo Vital del Estado (IMV).
En este sentido, Aitana Mas ha solicitado a la administración del Estado que cumpla con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y aporte el 50% de los fondos a las comunidades autónomas, especialmente a la Comunitat Valenciana, donde la parte del Estado sólo llega al 16%, por debajo de la media, que está entorno al 20%.
“Son muchos años ya padeciendo una infrafinanciación de la dependencia que hace que la ayuda por dignificar la vida de nuestra ciudadanía no sea tan buena como cabría, pese a todos los avances que hemos sacado adelante estos años. El Estado lleva años sin aportar la cifra que le corresponde por ley, lo que nos obliga a unos sobreesfuerzos considerables siendo además una autonomía infrafinanciada”.
La vicepresidenta ha destacado la necesidad de "recompensar" los avances de las comunidades autónomas que apuestan por mejorar la atención a las personas más vulnerables de la sociedad, como es el caso de la Comunitat Valenciana, que está realizando un "verdadero esfuerzo" por atender y trata con "dignidad" a las personas que están dentro del sistema de la dependencia y a las que lo solicitan.
Una mayor financiación estatal, ha asegurado Mas, permitiría continuar incrementado las medidas que desde la Generalitat se han puesto en marcha financiadas con fondos autonómicos, como la prestación económica para el asistente personal, que supera ampliamente a la de otras comunidades, o la homologación académica de los cuidados no profesionales, que permite salidas laborales a muchas mujeres que durante mucho tiempo han estado cuidando a sus familiares dependientes.
Ingreso Mínimo Vital
Durante el encuentro, Aitana Mas y Carles Campuzano han manifestado la importancia de mejorar la colaboración entre las diferentes administraciones en la gestión de los recursos públicos destinados a atender las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que son más vulnerables, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital que concede el Gobierno del Estado junto con las prestaciones que gestionan directamente las comunidades autónomas, que en el caso de la Comunitat Valenciana es la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).
En este sentido, han reivindicado conjuntamente la necesidad de acelerar los procesos para lograr una mayor armonización de las herramientas informáticas que se utilizan para la tramitación de ambas prestaciones, al considerar que es imprescindible para garantizar una gestión más ágil y eficaz, que permita reducir el tiempo de media de espera de resoluciones y ampliar el número de personas beneficiarias, facilitando así la vida de las personas.
La entrada en vigor del IMV de una forma tan repentina, ha explicado la vicepresidenta, causó “un gran impacto” en la gestión de la RVI e hizo necesaria la realización de una serie de actuaciones que “han tensionado el sistema de ayudas al aumentar, por ejemplo, el volumen de trabajo tanto para el personal de la dirección general como de los servicios sociales de atención primaria”.
Acción concertada
En el encuentro, desde la Conselleria se ha explicado a la representación catalana los detalles del actual modelo valenciano de acción concertada, que el gobierno de Catalunya quiere usar de referencia en el proyecto de ley catalán.
La vicepresidenta ha señalado que “estamos encantados de mostrar a otras autonomías cómo estamos reorganizando un sistema al que se le ha aportado estabilidad y calidad en el servicio, y que continuamos armonizando para, a su vez, dignificar y homogeneizar a las personas trabajadoras del sector”.
El modelo, tal y como ha explicado la vicepresidenta, engloba diferentes sectores de servicios sociales “susceptibles de concierto”, como personas mayores, dependencia, diversidad funcional, salud mental, infancia y adolescencia, mujer y acción e inclusión social.
En el marco de convertir los servicios sociales en la cuarta pata del Estado de Bienestar valenciano, entre los diferentes objetivos del concierto social destaca la voluntad de regular la actividad desarrollada por las entidades de iniciativa social, garantizar la transparencia, la publicidad y eficiencia, así como asegurar la calidad en el servicio a las personas, además de otorgar estabilidad financiera y laboral al sector.
“Uno de los pilares del proyecto valenciano se ha basado en dignificar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector”, ha destacado la vicepresidenta, desarrollando acuerdos sectoriales con la voluntad de dotar de estabilidad a la acción concertada y a las personas profesionales que la integran.
Para ello, se ha llevado a cabo una convocatoria plurianual que permite la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la acción concertada y una equiparación con las del sector público.
De tal manera, se ha construido un modelo donde las personas profesionales que ejercen su labor en los diferentes sectores ya no tendrán convenios laborales o mesas salariales diferentes para idénticas categorías.