El turismo es uno de los sectores que más ingresos genera de cara a las arcas públicas de la Comunitat Valenciana. Es uno de los más relevantes también en la generación de ocupación. SIn embargo, muchos de estos empleos que se generan en el sector turístico están marcados por un factor de grave índole: la precariedad.
Según los últimos estudios, el sector hostelero aporta un 6% del valor agregado bruto de la economia valenciana y en un 8,5% del empleo de la autonomía. No obstante, este informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) de diciembre de 2020 indica que la temporalidad era otro factor destacable, con un 42% frente al 27,9% en la media del resto de sectores.
Por ello, con la recuperación en el sector tras la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, la Generalitat tiene en el punto de mira mejorar las condiciones laborales en el sector turístico valenciano.
Así, una de las medidas más sonadas en este sentido en los últimos días hace referencia a que las empresas que mejoren las condiciones laborales de sus empleados tendrán prioridad en el acceso a ayudas públicas de la Generalitat Valenciana. Esto, será posible cuando entre en vigor la modificación de la Ley de Turismo en este mes de agosto.
Concretamente, esta medida establece que la ley de turismo debe introducir como criterios para ponderar las ayudas “el compromiso de establecer un salario/hora para la ejecución de la actividad subvencionada por encima del convenio colectivo sectorial y territorial”, una “formación continua adecuada o de planes de reciclaje para las personas que ejecutan la actividad subvencionada”, “asignar a la ejecución de la actividad subvencionada personal con contrato indefinido” y el compromiso de “mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral respecto de las establecidas legalmente”.
Por otro lado, también se pondrá en marcha con la aprobación del decreto de cláusulas sociales en la contratación pública. Esta inciativa, que no está pensada únicamente para el sector turístico, dará subvenciones a las empresas que incorporen a colectivos excluidos del mercado de trabajo e incorpora el aspecto de la calidad laboral, premiando en la puntuación a las empresas con salarios superiores a los del convenio colectivo, contratación indefinida y formación laboral continuada.
En cuanto a las kellys, uno de los colectivos que más sufre la precarización en el sector, la administración prevé mejorar sus condiciones laborales a través de la Ley de Igualdad. El anteproyecto fue aprobado hace unas semanas por la vicepresidenta Aitana Mas e incorpora al turismo como sector en el que aplicar políticas contra la feminización de la pobreza y las brechas salariales de género, poniendo el foco en las trampas de las subcontrataciones.
Por esta misma razón, las empresas hoteleras que quieran optar a subvenciones públicas no podrán externalizar los servicios de cocina, limpieza y lavandería y en el caso de que lo hagan tampoco podrán participar en los procedimientos de contratación pública.