- Oltra ve la Ley de Servicios Sociales como "el colofón" de una legislatura en que "se ha devuelto la dignidad"
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La nueva Ley valenciana de Servicios Sociales ha entrado en vigor dando un giro de 180º al área de Bienestar Social. Y es que esta nueva ley que, sin duda, marca un antes y un después en cuanto al blindaje de los derechos sociales, ha situado a la Comunidad Valenciana como la primera autonomía de España que los declara como servicios de interés general y esencial. Lo que se traduce en una adaptación de los servicios sociales a las personas, y no al revés, mejorando la calidad de la atención, pero también en la garantía de no quedar desamparado en momentos de vulnerabilidad.
De esta manera, la nueva Ley de Servicios Sociales crea la historia social única y compartida, que reduce la burocracia a la hora de solicitar una intervención; establece zonas por demarcaciones territoriales; y crea un mapa de servicios sociales en el que se identifican las diferentes necesidades y su cobertura, con el objetivo de asegurar tanto la equidad a la hora de acceder a los servicios sociales, como mayores facilidades para los usuarios.
“Los servicios sociales han dejado de ser la hermana pobre de los poderes públicos, y se sitúan al mismo nivel que Sanidad y Educación en las competencias autonómicas como la cuarta pata del Estado de Bienestar”, aseguraba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. “Ponemos el punto y seguido a una intensa etapa legislativa con la que hemos puesto a la Comunidad Valenciana entre las más modernas al transformar los servicios sociales de una concepción caritativa a otra de derechos subjetivos y alcance universal”.
Y es que la ley crea un catálogo de prestaciones y servicios mínimos, así como departamentos diferenciales de servicios sociales que equivalen a la atención primaria, especializada y hospitalaria del sistema sanitario, que también contará con herramientas especializadas, como una tarjeta de información, que se prevé integrar en el SIP sanitario, en la que se detalle información relevante del usuario, como situación de dependencia o si ha sido víctima de violencia de género, para mejorar la atención.
El pasado mes de enero, la nueva Ley valenciana de Servicios Sociales se aprobaba en Les Corts con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, los votos en contra del PP, y la abstención de Ciudadanos.
Las prestaciones, otra de las patas de la nueva Ley de Servicios Sociales
Nadie dejará de tener la prestación social que le corresponda, incluidos los valencianos y valencianas que residan en el exterior, si esa ayuda les sirve para retornar a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, al conseguir una plaza en una residencia de ancianos o de diversidad funcional. Ésta es, sin duda, una de las pautas más destacadas de esta nueva ley que se basa en cuatro pilares fundamentales: el municipalismo, ya que serán los ayuntamientos la puerta de entrada; un sistema público digno; la prevención; y el rescate de personas.Con la aprobación de esta ley se ha pasado de 0 a 31 prestaciones de carácter profesional, económico y tecnológico. Así, como anunciaba Oltra, “la inversión por parte de la Generalitat, para las prestaciones del plan concertado, pasarán de los 21 millones en 2018 a los 50 millones en 2021, llegando a los 81 millones teniendo en cuenta las aportaciones de los ayuntamientos y diputaciones”.
Más personal
Para poder llevar a cabo el gran cambio del Govern del Botànic, en materia de servicios sociales, se requiere un mayor personal. Por ello, se dispondrá de 48 millones de euros para la contratación de profesionales en los equipos base de los ayuntamientos y las mancomunidades, “llegando a multiplicar por cinco el número de profesionales subvencionados por la Conselleria al acabar la legislatura”.Además, se crearán convenios plurianuales con las entidades locales con una duración de cinco años, en el marco de personal y prestaciones, y de tres años en el marco de programas. Todo ello con la finalidad de dotar de una mayor estabilidad al sistema de servicios sociales, pero también para realizar una atención más individualizada y cercana.
De esta manera, el aumento de personal cualificado será notable, ya que se pasara de los 2.500 trabajadores actuales en atención primaria a los 5.300 en 2021.