La semana que viene llega, tras meses de retraso por la paralización que supuso el adelanto electoral, la nueva Ley del Juego valenciana a las Corts. El próximo miércoles se iniciará un debate en el que deberá superarse la enmienda a la totalidad del PP -previsible por la mayoría del Botànic-, y tratar las diferentes enmiendas planteadas por los tres socios. Una nueva norma que los tres partidos consideran "necesaria", aún con sus diferentes posturas, dada la situación de la ludopatía en todo el país y la Comunitat Valenciana: el número de altas voluntarias para restringir el acceso a los salones de juego aumenta una media del 66,7% cada año.
"Es urgente" y "esencial" trabajar con "uno de los problemas de la sociedad como la adicción al juego". "Es comparable a la de los 90 con la heroína", aseguraba Fran Ferri, el síndic de Compromís, al presentar las enmiendas de su formación al proyecto de norma. Tanto lo consideran así que la primera enmienda es una declaración de intenciones: cambiar el nombre a Ley Valenciana de Regulación del Juego y Prevención y Lucha contra el Juego Patológico. “La ludopatía es un problema social y sanitario, no solo para las personas que lo sufren, sino para todo el entorno. Implica la pérdida del trabajo e incluso la comisión de delitos”, señaló la diputada Graciela Ferrer.
Según el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, la base de datos donde, voluntariamente, las personas se apuntan para que se vete su acceso a salones de juego o apuestas, aumenta los inscritos año a año. En 2012 en España figuraban 29.496 personas; al finalizar 2018, los últimos datos disponibles, 43.796. Un ascenso del 49%. Unas cifras que se hacen todavía más notorias con el número de altas registradas; de 1.270 en 2012 a 6.350 en 2018, un aumento del 400%.
La Comunitat Valenciana recoge el 6% de las cuentas activas de todo el Estado -es la quinta comunidad autónoma-, una cifra que aumenta, ligeramente, cada año. Igual que aumenta, año tras año, la cantidad de jóvenes entre 18-25 años que se dan de alta en el registro: del 11,2% del total en 2012 al 19,74% en 2018. Son algunas de las cifras que nutren los argumentos de Unides Podem y Compromís para demandar que los salones de juego estén a mínimo 1.000 metros de centros educativos, sociales o sanitarios. E, incluso, eliminar las máquinas de apuestas de los bares o las tragaperras -estas últimas por Unides Podem-.
Los tres socios han manifestado la voluntad de llegar a enmiendas 'botánicas' para que la Norma salga sin mayores contratiempos. Algunas de las medidas claras son, por ejemplo, respecto a limitar la proliferación de casa de apuestas en los barrios humildes. Un aumento que, según la Unidad de Juego de la Universidad de València, aumenta también los casos de ludopatía: "Se ha podido constatar científicamente". Entre las tres formaciones se llegará aun acuerdo sobre las distancias, también, entre los mismos salones.
El próximo martes comenzará el debate en el que, de momento, el apoyo claro que ha encontrado la patronal del juego es en la derecha valenciana. El PP plantea una enmienda a la totalidad porque, aseguran, "se olvida de la ludopatía" y sin consenso con el sector. Compromís y Unides Podem ven el asunto como un problema de "salud pública", comparable al tabaco, lo cual abre la puerta a eliminar publicidad, en contra de los intereses de la patronal.