El Pleno del Consell del pasado viernes aprobaba, para su tramitación en Les Corts, el proyecto de Ley de Barrios de Protección Pública de la Comunitat Valenciana. Un texto que nace con el objetivo de marcar la estrategia urbana de los municipios valencianos del siglo XXI bajo las premisas de rehabilitar, regenerar y revitalizar sus zonas urbanas.
Únicamente en la Comunitat Valenciana más de un millón de personas viven en espacios urbanos sensibles. Es decir, prácticamente una de cada cinco personas vive en áreas vulnerables tanto por la situación socioeconómica, como residencial y de carencia de acceso a servicios públicos.
Con esta ley se pretende facilitar la intervención pública, para que sea más rápida y eficaz para mejorar su cotidianidad y fortalecer la vida en común, prestando atención a cuestiones tan fundamentales como la integración de la diversidad.
Ampliar derechos sociales básicos
Tal y como señala el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, esta norma “será una herramienta jurídica encaminada a favorecer el cumplimiento del deber de las instituciones públicas de intervenir para revertir las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que se producen en los territorios”.
Asimismo, Illueca incide en el hecho que esta ley permitirá impulsar, con mayor eficacia, “políticas públicas orientadas a continuar ampliando los derechos sociales básicos y la consolidación de las ciudades como espacios integradores que facilitan la vida cotidiana de todos y todas”.
Con este marco jurídico se creará un fondo de garantía por barrios que se dotará anualmente “con el 1% de los presupuestos de la Generalitat y que nos permitirá mejorar nuestros barrios con más inclusión, más servicios públicos y más regeneración urbana”.
Especial atención a colectivos vulnerables
Cuando se apruebe la Ley de Barrios se podrán emprender actuaciones de atención y mejora de las condiciones de vida de la población que reside en los barrios, con especial atención a los colectivos más vulnerables como hogares monoparentales, personas mayores, jóvenes desempleados, población migrante, etc.
Por otro lado, se hará frente al déficit en materia urbanística, en la prestación de los servicios, en la calidad de la vivienda y la carencia de equipaciones, que afectan con mayor intensidad a algunos barrios de las ciudades, con los consiguientes efectos sobre las dinámicas de segregación residencial y desigualdad social.
Finalmente, la nueva norma permitirá fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas en los barrios, con el fin de apoderar a la población y fomentar su implicación en los proyectos de mejora de las dotaciones y de las condiciones de vida de la ciudadanía.