Democratizar el derecho a la vivienda. Con este objetivo se trabaja desde el Consell para impulsar la Ley de grandes tenedores. Un texto que en estos momentos se encuentra en fase de elaboración y que nace con la finalidad de incidir con capacidad regulatoria en tres ámbitos diferenciados: la actividad de los grandes tenedores, la creación de un cuerpo de inspectores y el acoso inmobiliario.
Concretamente, el anteproyecto desvela la creación de un registro que combata la opacidad de su actividad y ahonde en la democratización del derecho a la vivienda. Además, se potenciarán herramientas que eviten la actividad especuladora que se produce por parte de estos grandes tenedores como la cesión obligatoria del usufructo si el activo está deshabitado y existen razones de necesidad habitacional, o la obligación de ofrecerlo en alquiler social en caso de desahucio de familias vulnerables.
Otro de los puntos destacados de la norma es la creación de un cuerpo de inspectores de la Generalitat que ayude a controlar la actividad inmobiliaria, velar para evitar situaciones de irregularidad o especulación, y aplique de forma más efectiva las políticas de vivienda de la Conselleria.
Pioneros en la persecución del acoso inmobiliario
En este sentido, la Ley de grandes tenedores sigue dando pasos adelante para ser una realidad en un futuro. Ayer se presentaba el anteproyecto de Ley de regulación de la actividad de los grandes tenedores de vivienda y del acoso inmobiliario al sector en una jornada organizada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
Al acto asistió tanto el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los colegios profesionales de aparejadores, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria; las asociaciones de promotores, de propietarios de viviendas de alquiler; ONGs; y sindicatos, entre otros.
Para Illueca, esta ley podría ser "pionera en determinados aspectos del derecho a la vivienda" como en el caso de la persecución del acoso inmobiliario. "Si lo hacemos con esta ley, seremos la primera comunidad autónoma en tener una regulación tan extensa sobre el asunto que pueda proporcionar a la ciudadanía un marco de seguridad jurídico y herramientas para combatirlo", destacaba el conseller.
Ayuda a los colectivos más vulnerables
Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, señalaba que el anteproyecto que este miércoles se ha presentado "supone un gran avance en la búsqueda de garantizar el derecho a la vivienda de los colectivos más vulnerables". Además, "dota de un mayor control a la administración pública sobre las actividades potencialmente especulativas de algunos actores del mundo inmobiliario".
La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, incidía en la necesidad de desarrollar aspectos pendientes de la Ley de la Función Social 2/2017 que son muy importantes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Entre ellos está la regulación de los grandes tenedores, la creación de un registro de grandes tenedores que posean viviendas en la Comunitat Valenciana, así como determinar aquellas actuaciones que dificulten o impidan el acceso a una vivienda digna y que suponen la manifestación de abusos inmobiliarios.
Hoy finaliza el plazo de presentación de alegaciones por lo que a partir de ahora se analizarán y valorarán las propuestas presentadas para su posible incorporación. A partir de ahí el documento pasará al Consell y, posteriormente, a Les Corts para su aprobación.