La candidata del PP a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, prometió en un acto político el pasado fin de semana una "revolución fiscal sin precedentes". La popular ha asegurado que, si gana en las próximas elecciones del 28 de abril, su primera medida será reducir del 10 al 6 y 8% el impuesto de acceso a la vivienda "según el precio". Con un cálculo conservador, la Generalitat dejaría de ingresar 820 millones de euros.
Junto al Presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que pondrá en marcha cuatro medidas fiscales los seis primeros meses de gobierno. El antes candidato del PP andaluz basó gran parte de su campaña en una "bajada masiva" de los impuestos. Sin embargo tres semanas después de su toma de posesión anunció que una "herencia envenenada" le impedía cumplir su promesa electoral.
Bonig asegura que pondrá en marcha esas medidas frente a "esa presión fiscal de la coalición 'sanchista' a la valenciana que insiste en poner trabas al empleo y la riqueza" y que, así,devolverá una supuesta "libertad económica" perdida con el Botànic.
Durante el acto la candidata avanzó cada una de las medidas. La primera es eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones y, la segunda, eliminar también el de patrimonio. La tercera es rebajar el impuesto de acceso a la vivienda que, actualmente, es del 10%. "El más alto en España sólo por detrás de Catalunya", aseguró. Es también el porcentaje utilizado en Galicia, donde gobierna el PP; en Extremadura y Baleares varía entre el 8 y el 11%. La cuarta y última es una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que a las rentas de menos de 35.000 euros se les reduzca un 7%.
La aplicación de estas medidas supondría un gran descenso en la recaudación de la Generalitat y, por tanto, el Gobierno de España debería aportar más recursos para compensarlo -sin contar una posible reestructuración de la financiación según la población y renta media-.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha aportado en el último ejercicio 220,62 millones de euros. Junto al de Patrimonio, que supone 160,9 millones, ya son 381,52 millones de euros menos que ingresaría la Generalitat.
Según los últimos datos oficiales disponibles, en la Comunitat Valenciana, en 2017, se realizaron un total de 79.132 transacciones inmobiliarias, que suponen el grueso de la recaudación del Impuesto sobre Transacciones Patrimoniales -ITP, acceso a la vivienda-. La bajada del tipo general del impuesto del 10 al 8%, como propone Bonig, supondrá como mínimo -no hay datos desglosados para hacer el cálculo exacto- 170,92 millones de euros.
Respecto al IRPF, según los últimos datos del INE, un 80% de la población cobra menos de 2500 euros mensuales, es decir, menos del límite de 35.000 propuesto por Bonig para rebajar la cantidad impositiva. Así, con un cálculo conservador, las arcas públicas dejarían de cobrar 262,37 millones de euros.
En total, con cálculos a la baja, la Generalitat dejaría de cobrar 820 millones de euros respecto al anterior ejercicio. Bonig promete una rebaja que supone una cantidad aproximada a los 900 millones que se piden desde el Consell como parte de la reivindicación de la "financiación justa" para mejorar los servicios sociales. La demanda se doblaría.