El Consell ha aprobado un protocolo de colaboración entre la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, para trabajar de forma conjunta en materia de memoria democrática.
A través de este protocolo, ambos gobiernos se comprometen a impulsar diferentes acciones que contribuyan a la reparación, la dignificación y el reconocimiento de aquellas personas procedentes de la Comunitat Valenciana, de Catalunya u otros lugares, que fueron víctimas de la represión franquista a raíz del golpe militar de 1936.
También se desarrollarán actuaciones que tengan como finalidad documentar, preservar, señalizar y contextualizar con rigor histórico las fosas que contienen los cuerpos de aquellos que perdieron la vida en el contexto señalado.
Asimismo, se contemplan actividades de difusión y promoción del patrimonio memorialista democrático, además de prever la colaboración en la transformación de lugares, donde se encuentran restos de personas represaliadas por el franquismo en espacios de memoria y reflexión crítica.
A través de este protocolo el Gobierno valenciano y la Generalitat de Catalunya muestran su compromiso para establecer las condiciones, y criterios funcionales o técnicos necesarios para facilitar el acceso a los datos que tengan en su poder para identificar víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
A su vez, está prevista la organización conjunta de exposiciones, actos, coloquios y seminarios, entre otras acciones, relacionados con la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transición y con la represión ejercida a partir del golpe militar o con sus consecuencias.
Este protocolo también recoge la realización de programas educativos, así como proyectos de investigación comunes para el desarrollo de políticas de transmisión intergeneracional de la memoria. A su vez, el intercambio de información sobre estructura y contenido de tesauros para la gestión de las respectivas colecciones de fuentes orales y documentales.
El protocolo, que tiene una duración de cuatro años, no supone coste económico. No obstante, si se desarrollaran acciones que derivaran en gasto, ambas administraciones compartirán el desembolso en los porcentajes que acuerden en cada una de las iniciativas conjuntas.
Por otra parte, las diferentes acciones se podrán ir ampliando y concretando a medida que se vayan detectando necesidades específicas.