Hace unos años la Comunitat Valenciana trascendió a los medios nacionales por ser la segunda región de España con más casos abiertos sobre corrupción y, poco después, un informe de la Unión Europea (UE) la situaba como la cuarta región española más afectada por la corrupción. Era, a nivel europeo, la número 184, siendo el 263 el número más corrupto posible. Un nuevo informe desde Bruselas cuenta una historia paralela: cómo en algunos lugares, como la Comunitat Valenciana o el el Ayuntamiento de Madrid, se han creado agencias exclusivas para acabar con el fraude y la corrupción.
El informe de la Comisión Europea trata los desequilibrios macroeconómicos y cómo España trabaja para lidiar con ellos. Dentro de estos factores que afectan a la economía está la corrupción, protagonista en muchas ocasiones de las noticias políticas. Según la comisión, los "indicadores de lucha contra la corrupción se han mantenido relativamente estables" pero, indican, con "amplias variaciones" entre las Comunidades Autónomas.
Según el 'Indice de Corrupción" del informe de Competitividad Mundial de 2018, también recogido por la Comisión, España tiene una puntuación de "57 sobre 100", pero esto es el resultado de una media entre las diferentes regiones, y es uno de los países de la UE con variaciones más grandes.
Desde la UE señalan que España "aún no cuenta con una estrategia nacional para evitar la corrupción", pero señala que "se han creado planes de prevención y agencias de lucha contra la corrupción en algunas Comunidades Autónomas y municipios".
Para el director de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, Joan Llinares, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunitat Valenciana cumplen "las exigencias de las recomendaciones europeas y la propia Convención Internacional contra la Corrupción" de Naciones Unidas.
Proteger al denunciante
La Ley 11/2016, que dio vida a la Agencia, se puso en marcha tras la llegada del Govern del Botànic en 2015, tras un contexto de corrupción que salpicaba a gran parte del ámbito público, desde la Generalitat y el Ayuntamiento de València hasta la malversación en la construcción de colegios públicos. Según se indica en la misma Ley, "muchas de las causas de la corrupción" se encuentran por "no haber creado mecanismos reales de participación ciudadana en el control eficaz de las instituciones".Para Llinares, parte del reconocimiento de la agencia recae en esa "participación ciudadana". "Según la ley de creación, la Agencia tiene potestad para proteger a quienes denuncien la corrupción", detalla el Director. Es una acción que, además, "se ve reforzada" por la capacidad "sancionadora": desde los 200€ de las infracciones leves a los 400.000€ de las muy graves.
Según la Comisión Europea, la "lucha por la corrupción" influye de forma crítica en las decisiones sobre la inversión en cada región, y señala, precisamente, la necesidad de proteger a los denunciantes: "Castigar debidamente la corrupción, proteger a quienes denuncian y eliminar obstáculos para poder enjuiciar", señala como elementos más importantes. Tras 4 años, la opacidad del PP ha pasado a una Agencia contra el fraude y la corrupción y una Oficina de Transparencia. Los mismos que negaban información ahora deben comparecer en comisiones de investigación.