Roda de Premsa escrit Acusació Comissió 9 Octubre 9-9-2017
La acusación particular que representa la Comisión 9 de Octubre pide entre cinco y once años de prisión para 28 personas a las cuales acusa de varios delitos, como desórdenes públicos, amenazas, daños, vulneración del derecho de manifestación, integración en grupo criminal, odio, coacciones o lesiones, en el transcurso de los incidentes en la manifestación de 2017 convocada por esta entidad.Además, reclama la prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros del domicilio de las entidades que formen la Comisión 9 de Octubre así como de las manifestaciones o actas que convoquen. Para la entidad organizadora de la manifestación, se trata de delitos "muy graves" y destaca el perfil "violento y reincidente" de muchos de los acusados, según ha informado en un comunicado.La acusación particular ejercida por la Comisión 9 de Octubre está formada por las asociaciones Acción Cultural del País Valenciano (ACPV), Asociación Cívica Tirant lo Blanc, Can Revuelta, Federación de Escuela Valenciana, Plataforma por el Derecho a Decidir, Plataforma por la Lengua y Sociedad Coral Lo Micalet; los sindicatos CCOO-PV e Intersindical Valenciana; y los partidos Compromís, ERPV, EUPV, Podamos y PSPV-PSOE. Todas ellas forman la Comisión 9 de Octubre, plataforma que organiza la tradicional manifestación del 9 de Octubre.
Vulneración de derechos fundamentales
Según explican en el documento, los días anteriores a la realización de la manifestación del año 2017, varias personas y colectivos realizaron por las redes sociales llamamientos a impedir de hiel derecho fundamental de manifestación y libertad de expresión de los convocantes, de forma que "era pública su intención". "Aun así, el día de la convocatoria pudieron actuar con absoluta impunidad, ocupando el lugar de concentración de la Comisión 9 de Octubre (la plaza de san Agustín) a pesar de que esta había comunicado a la Delegación de Gobierno el punto y hora de salida de la manifestación y había recibido la correspondiente respuesta positiva", se lee en el relato de los hechos que hace la Comisión. A pesar de esto, un numeroso grupo de violentos extremistas actuaron de forma organizada para impedir la realización de la manifestación, y agredieron verbalmente y físicamente varios ciudadanos que de forma pacífica pretendían ejercer su derecho en el ejercicio del derecho de manifestación, ante la pasividad de la Policía Nacional. "De forma que los convocantes de un acto legalmente comunicado fuimos encapsulados por un numeroso despliegue policíaco, de manera impropia en una democracia: aquello que había que esperar era que la Delegación de Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado garantizaron el ejercicio del derecho fundamental de manifestación, y encapsularon a los extremistas violentos que pretendían impedirlo de forma agresiva, y no al revés, situación que permitió como resultado la vulneración de un derecho fundamental", subrayan los denunciantes. Además, el acto final de la manifestación no se pudo realizar en el Parterre, tal como estaba previsto y legalmente comunicado, porque este espacio fue ocupado por un numeroso grupo de violentos extremistas de forma impune y sin que la Policía Nacional lo impidiera.La Comisión recuerda que durante el proceso de instrucción las diferentes acusaciones particulares han trabajado mucho, y con resultados positivos, para identificar los agresores y aportar pruebas documentales, fotografías y videos, de su violencia y de cada uno de sus delitos. "Casi 4 años después, todavía somos a la espera de la apertura del juicio oral por unos hechos tan graves, y la acusación particular formada por la Comisión 9 de Octubre hemos presentado nuestro escrito de acusación", apuntan.
Escrito fiscalía delitos de odio
La acusación particular también explica que coinciden "ampliamente" con el escrito de acusación presentado por la fiscal delegada de delitos de odio. La fiscalía pide, como consta publicado a la prensa, que en el escrito de acusación enviado al Juzgado de Instrucción Quince de València, solicita penas para los 28 ultras acusados de entre 3 y 7,5 años de prisión, para ser autores presuntamente de delitos de desórdenes públicos, contra los derechos fundamentales y libertades públicas, coacciones, amenazas, maltrato o delitos leves de lesiones. Concurriendo las agravantes de abuso de superioridad y de reincidencia.La acusación particular de la Comisión 9 de Octubre considera, como la fiscalía, que existen las agravantes de abuso de superioridad, de discriminación ideológica y, en algunos casos, de reincidencia, y pide penas de entre los 5 y los 11 años de prisión.Pero, además, la acusación particular de la Comisión considera imprescindible que, más allá de las penas de prisión o multa que puedan imponerse, que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y por eso ha solicitado para los acusados la pena accesoria de prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros del domicilio de las entidades integrantes de la Comisión 9 de Octubre así como de las manifestaciones o actas que convocamos, concretándose la mencionada prohibición en aquellos lugares donde se celebran los actos y/o recorrido de las manifestaciones que convocamos, por un periodo superior en dos años al tiempo de duración de la condena. "Esta pena accesoria está justificada en la gravedad del hecho que hablamos de casos de reincidencia en delitos de lesiones (algunos de los acusados ya están condenados en otros casos anteriores y, por lo tanto, presentan un perfil violento y reincidente) y, consecuentemente, de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la integridad física de las personas y también de los bienes inmuebles, así como la necesidad no solo de condenar de forma clara y disuasiva el ejercicio de la violencia sino también de aislar socialmente los extremistas violentos, con el objetivo de proteger la democracia y los derechos fundamentales", enfatizan en el comunicado.
Confianza en la justicia
La Comisión 9 de Octubre muestra su confianza en la justicia y en que la ciudadanía que vio sus derechos de manifestación perjudicados tendrá el amparo judicial. En este sentido, la Comisión valora como grave el contexto de creciente extremismo violento. Los casos de envíos de balas a ministras y otros cargos electos (la última víctima ha sido el regidor de Compromís de Caudiel) pide "un posicionamiento firme y contundente de los poderes públicos en contra del uso de la violencia verbal y física y de la amenaza de violencia contra los pilares de la democracia, como lo son el libre ejercicio de los derechos fundamentales y la libertad de expresión y actuación de los cargos electos". Por eso, la Comisión se compromete a continuar el trabajo de identificación y denuncia de los extremistas y violentos, con el objetivo de su aislamiento y condenas sociales. "En este trabajo de defensa de la democracia, se tiene que abandonar partidismos e intereses particulares, porque en definitiva se trata de la defensa de un bien común y mayor", remachan.
