Política

Justicia destina 910.000 euros para gastos de funcionamiento en los juzgados de paz de la Comunitat Valenciana

El plazo para pedir las ayudas se abre este jueves y finaliza el próximo 31 de octubre

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La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública Gabriela Bravo

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha abierto una línea de subvenciones por un importe de 910.000 euros para financiar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz de la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento de más del 40 por ciento del presupuesto respecto a 2021, cuando se destinaron 648.552 euros.

Las ayudas servirán para que los ayuntamientos puedan sufragar los gastos que soportan derivados del funcionamiento de estos órganos, incluido el pago del personal de las secretarías en los municipios con población inferior a 7.000 habitantes y de aquellos con más población que no tengan plazas creadas de personal de Administración de Justicia.

Así, la cuantía para hacer frente a los gastos de funcionamiento asciende a 507.407 euros y la de los gastos de personal, a 402.592 euros.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado las condiciones para que las corporaciones locales puedan presentar sus solicitudes para estas ayudas, desde este jueves y hasta el próximo 31 de octubre.  Las subvenciones se otorgarán teniendo en cuenta el número de habitantes del municipio.

Las solicitudes se efectuarán exclusivamente por vía telemática a través del siguiente enlace: consultar

Justicia Próxima

Esta inversión permite avanzar en el modelo de Justicia Próxima desarrollado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que se ha diseñado para atender al más de millón y medio de personas que vive en las 96 localidades que cuentan con juzgados de paz con personal de la Conselleria.
 
El modelo valenciano de Justicia de Proximidad que integra las iniciativas Justiprop, Mediaprop y los centros de enlace con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se ha concebido para que el lugar de residencia no suponga ningún obstáculo ni ningún factor de discriminación entre la ciudadanía.

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