La Audiencia de Valencia ha absuelto a los acusados del caso Alquería, una supuesta trama para colocar a personas afines al PSPV y Compromís como directivos en Divalterra, la nueva denominación de la empresa Imelsa.
El expresidente de la Diputación, y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, así como su núcleo de colaboradores han sido exculpados de cualquier responsabilidad penal. Un fallo esperado por el primer edil de la Vall d’Albaida tras un proceso de cinco años que, incluso le llevó a pasar una noche en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Zapadores y supuso su expulsión del PSPV-PSOE.
La sección 1 Audiencia ha absuelto a los acusados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La resolución, en definitiva, lleva a cuestionar también las pesquisas de la Fiscalía y de una particular instrucción por parte del titular de Instrucción 9 de València.
El propio Jorge Rodríguez ha recordado, después de conocer la sentencia, que "hemos defendido desde los inicios nuestra inocencia y siempre hemos dicho lo mismo: la verdad se hará camino". "El mal hecho a lo largo de estos cinco años no tiene ninguna reparación, pero por fin ha acabado", ha celebrado el primer edil.
En total, en este procedimiento había 14 acusados, entre ellos Rodríguez, quien siempre mantuvo que era inocente de los hechos que se le imputaban. El expresidente de la Diputació se enfrentaba a la pena de ocho años de prisión, tal y como le reclamaban las acusaciones (Fiscalía, Acción Cívica y Partido Popular), mientras que su defensa pedía la absolución al no ver delito alguno.
Las acusaciones también solicitaban ocho años de cárcel para el que fuera el jefe de gabinete de Rodríguez en la corporación provincial, Ricard Gallego, para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV) por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pedía para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.