La magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número 13 de València ha acordado el levantamiento de parte del secreto del caso Azud, una causa en la que se investigan los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal, y en la que figuran como investigadas 50 personas y se cita en la misma condición a otras ocho más para la primera semana de mayo.
Entre los investigados se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.
En la causa se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad. Al exsubdelegado del Gobierno y al exresponsable de Finanzas socialista el PSOE les suspendió de militancia y les abrió expediente.
La magistrada ha acordado el levantamiento parcial del secreto, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, dado que considera que ya se han practicado las diligencias necesarias en la instrucción sin que haya podido resultar perjudicada.
No obstante, permanecerán bajo secreto las piezas 2, 3, 4, 5 y 6, así como toda la documentación intervenida en soportes y dispositivos de almacenamiento masivo de información, en soportes informáticos, telemáticos y de telefonía móvil, es decir, toda la documentación que no fue incautada en el registro en soporte papel y que fue objeto de registro en mayo de hace un año. También, determinados folios de distintos tomos de la pieza principal.
En esta caso, la magistrada justifica el secreto parcial en relación a estas actuaciones porque parte de ellas tienen que ser objeto de comprobación e investigación por la Policía Judicial y en otra parte que afecta a la causa principal porque se están realizando "diligencias esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción".
La instructura ha citado desde el 26 de abril y en días sucesivos, en grupos de ocho a diez investigados a través de su representación, para hacerles la entrega de la causa en soporte informático, y en otras dos jornadas más a principios de mayo a otros ocho investigados, entre ellos empresarios, cuya imputación ha sido diferida hasta la fecha precisamente por razón del secreto de sumario.