La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha solicitado al tribunal que su representado declare al final del juicio por el caso Alquería con el objetivo de garantizar su derecho de defensa y ha cuestionado su detención hace casi cuatro años: "¿Era necesaria?".
Así se ha pronunciado la abogada de Rodríguez, Ángela Coquillat, en la primera sesión del juicio del caso Alquería, que cuenta con 14 acusados tras absolver este mismo día el tribunal a uno de los exdirectivos de Divalterra --empresa pública de la corporación provincial ya cerrada y que había sustituido a la antigua Imelsa--, Pau Pérez, después de solicitarlo las acusaciones populares --PP y Acción Cívica--, únicas que le acusaban.
En el turno de las cuestiones previas, la abogada ha reclamado que la declaración de Rodríguez se lleve a término en último lugar una vez practicada toda la prueba pericial y documental o que el procedimiento retroceda hasta la fase de instrucción. En el calendario inicial estaba previsto que los acusados declarasen al comienzo de la vista, a partir de la próxima semana.
La letrada ha justificado su petición en que "solo así, con el pleno conocimiento de la causa y asesorado por su dirección letrada, Rodríguez podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa".
Así mismo, la abogada ha cuestionado la detención de Rodríguez hace ya cuatro años. En este sentido, ha manifestado que su representado estuvo detenido durante 31 horas y media, desde las 8.30 horas del 27 de junio de 2018 hasta las 16 horas del día siguiente.
"La policía puede detener sin orden judicial pero le es aplicable la Constitución y la LeCrim, que expone que toda persona tiene derecho a la libertad; y que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos", ha indicado la abogada.
Se trata, pues, --ha añadido-- de una medida "excepcional" y "debe ser proporcional al derecho a la libertad". "¿Era necesaria la detención?. No consta que Rodríguez pusiera impedimento a la Udef para que entrara en su casa o para que se llevara sus instrumentos telemáticos. Le constaba arraigo familiar y no tenía antecedentes policiales ni penales. ¿Se cumplió la excepcionalidad de la medida? Entendemos que no y que se vulneró el derecho a la libertad", ha agregado.
Por último, la abogada ha afirmado que se vulneró la intimidad y el secreto de las comunicaciones puesto que, entre otras cuestiones, se deberían haber limitado las descargas de correos electrónicos de Rodríguez a sus conversaciones con los diferentes gerentes de Divalterra.
El resto de defensas se han ido adhiriendo a las pretensiones de la abogada de Rodríguez y, por su parte, el letrado de la exgerente de Divalterra Agustina Brines ha cuestionado la personación en la causa del PP y de Acción Cívica y ha pedido su expulsión y que se unifiquen en una única acusación.
Así mismo, el letrado de Brines, Javier Boix, ha hablado de "obstaculización del derecho de defensa" y de "cultura jurídica inquisitiva". "No se pueden permitir instrucciones que se salten todos los derechos", ha lamentado tras cuestionar algunos de los correos que obran en el procedimiento seleccionados únicamente por la Udef.
EL CASO Y LAS PENAS
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.
El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra --que se cerró el pasado mes de junio-- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.