El secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, ha denunciado que los “grandes desequilibrios” de los que adolece el actual sistema de financiación, unidos a la entrada en vigor del nuevo marco fiscal europeo, convierten en un asunto más urgente si cabe la reforma del actual modelo, caducado desde 2014.
Durante su intervención en un seminario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con las comunidades autónomas sobre los retos e implicaciones de dicho marco en el ámbito autonómico, Eusebio Monzó ha denunciado que en la actualidad existen diferencias los niveles de ingreso por habitante de más de 50 puntos porcentuales y de 30 puntos porcentuales en el caso de los gastos.
En ese contexto, a su juicio, pretender abordar objetivos homogéneos de estabilidad mientras persistan estas diferencias no solo es “irreal” sino que es "objetivamente injusto”.
"Desplegar una regla de gasto homogénea para todas las comunidades autónomas conduce a la conclusión de que los ciudadanos que están en una comunidad infrafinanciada, como la Comunitat Valenciana, deben resignarse a recibir los servicios de menor calidad, incluso a pesar de realizar un mayor esfuerzo fiscal”, ha reflexionado el secretario autonómico de Hacienda. Pese a ello, ha subrayado que el gasto de la Generalitat en los servicios públicos fundamentales es como el de la media de las comunidades autónomas a pesar de estar infrafinanciada.
Por ese motivo, Monzó ha recordado de nuevo la urgencia de reequilibrar la suficiencia de ingresos y gastos públicos entre administraciones, así como la de acabar con el desigual reparto territorial de los recursos autonómicos, algo que solo se solucionaría con la reforma del sistema de financiación autonómica o, al menos, con un Fondo Transitorio de Nivelación como el que proponen los expertos valencianos que integran la comisión Consell-Corts.
Esa reforma de la financiación debería realizarse con más recursos del Estado para asegurar la suficiencia del sistema, ya que el actual modelo ha generado insuficiencias acumuladas para las comunidades autónomas superiores a los 155.000 millones de euros.
Solo de esa manera, con una aportación mayor de recursos por parte del Estado, sería posible llegar a un acuerdo básico para acometer la reforma sin que ninguna comunidad pierda ingresos. Esto es, sin alterar el statu quo. “En la Comunitat Valenciana tenemos claro y entendemos que el statu quo hay que respetarlo; nos equivocaríamos si quisiéramos cambiar eso”, ha manifestado el secretario autonómico de Hacienda.
Mientras tanto, y ante la "presión” de los gastos sociales que soportan todas las comunidades autónomas, el Gobierno “debería ser consciente de que, con una aportación adicional de 3.000 millones al año y sin quitar ingresos de nadie” se podría acabar con las diferencias del actual modelo. “Es un principio básico al que nadie puede renunciar”, ha reiterado.
También ha recordado que es el Gobierno de España quien tiene la potestad de convocar la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para poner en marcha es reforma a través del presidente y de la ministra de Hacienda, respectivamente.
Hasta 1.500 millones de carga financiera
En cuanto a la elevada deuda que arrastra la Comunitat Valenciana, de la que se estima que un 78 % está directamente provocada por las insuficiencias del sistema de financiación, Eusebio Monzó ha recordado que, si no cambia nada, la deuda de la Comunitat Valenciana representará el 55 % de su PIB en los próximos diez años, tal y como ha alertado recientemente Fedea en un informe sobre endeudamiento autonómico.
Al respecto, ha llamado la atención sobre los 1.500 millones de euros que representará la carga financiera de esa deuda en apenas unos años para la Comunitat Valenciana, aproximadamente el 10 % del total de recursos que la región recibe del modelo de financiación cada año.
"Por desgracia, una condonación de deuda en este momento para las comunidades que tenemos una deuda tan alta por haber tenido unos ingresos muy inferiores ya no es suficiente, sino que también es necesario el cambio del modelo de financiación”, ha lamentado Monzó.
Durante la apertura de la jornada, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha destacado la relevancia de la materia a tratar, después de que el pasado 30 de abril se acordara finalmente la reforma del marco fiscal.
La aplicación del nuevo marco fiscal, tal y como ha señalado la presidenta, de la AIReF, tiene ya implicaciones inmediatas para todas las Administraciones públicas, puesto que España deberá remitir en septiembre a las autoridades comunitarias un plan fiscal estructural para reducir la deuda, y todas las Administraciones públicas tendrán que elaborar sus presupuestos para 2025 de manera que sean consistentes con dicho plan.