Cinco meses y un día después de la DANA que inundó gran parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, la Generalitat Valenciana ha hecho balance de actuaciones y ha anunciado que ha pagado ya el 50% del total de ayudas comprometidas con familias, empresas y municipios para paliar los efectos de la riada. Una gestión que el Consell considera positiva frente a “la parálisis del Gobierno de España”, que solo ha pagado un 13,8% de las ayudas que prometió, ha señalado en un comunicado.
En concreto, la Generalitat ha movilizado más de 1.850 millones de euros, en forma de ayudas directas, contratos de emergencia, medidas fiscales, rehabilitación de infraestructuras y atención social y sanitaria. De esta cantidad, 938 millones se destinan directamente a ayudas a personas, familias, empresas, agricultores, ayuntamientos y sectores económicos afectados. De esta forma, a día de hoy, cinco meses después de la fatídica DANA, más de la mitad ya han sido tramitadas, resueltas y abonadas ( es decir, 470 millones de euros).
El Consell liderado por Carlos Mazón ha lamentado, asimismo, que el Estado solo ha pagado 1.947 millones de los 14.000 millones anunciados en concepto de ayudas a particulares, empresas, ayuntamientos y otro tipo de entidades, lo que apenas alcanza un 13,8% del total comprometido.
“Un ejemplo evidencia la lentitud del Gobierno a la hora de dar las ayudas económicas a las personas afectadas: la cuantía abonada por la Generalitat en las ayudas de primera necesidad supone más del doble de la pagada por el Gobierno central (60 millones), que apenas llega a 3.400 peticiones abonadas”, ha subrayado. Frente a ello, unos 23.667 hogares ya han recibido 142 millones de euros en ayudas de la administración valenciana para bienes y enseres.
El Consell ha recordado que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (2.558 millones de euros) no son ayudas directas ni indirectas del Gobierno, no proceden de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada, sino que son tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio, no por el Gobierno.
Pide más agilidad del Gobierno de España
Además, el Estado tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros (datos de 2023) y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitada, por lo que el esfuerzo de ayuda y reparación del Gobierno valenciano es mucho mayor que el que está realizando el Gobierno de Sánchez.
“Asimismo, la Generalitat Valenciana sigue sin recibir las ayudas a fondo perdido que ha solicitado al Gobierno para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud, residencias, etc”, ha lamentado.
A ello hay que sumar el hecho de que el Gobierno ha excluido a 28 municipios valencianos (con una población conjunta de 80.000 personas) del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. “Resulta injusto que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre. Estos municipios han sido excluidos de las ayudas del Gobierno: Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabib”, defiende la Generalitat.
El gobierno valenciano hace un buen balance de las actuaciones y reivindica que desde el primer día, el Consell puso en marcha una respuesta integral, inmediata y coordinada que ha permitido cubrir necesidades básicas, activar planes de realojo, restaurar centros educativos y sanitarios, reparar caminos rurales, retirar toneladas de residuos y ayudar a más de 300.000 personas damnificadas. Además, se ha desplegado un dispositivo social y psicológico sin precedentes, con atención directa, ayudas al alquiler, realojos, prestaciones a la dependencia y cobertura a colectivos vulnerables.