La Generalitat ha autorizado el traslado de lodos y residuos voluminosos generados por las inundaciones, que entorpecen los accesos y el paso de vehículos de emergencia, a varias canteras de la provincia de Valencia dado que los vertederos y depósitos actualmente autorizados no pueden absorber todos los materiales que se acumulan en las calles de los municipios afectados por las inundaciones.
De esta manera, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, ha firmado siete autorizaciones provisionales con carácter urgente para el acopio de lodos para posterior relleno en canteras de nueve municipios de la provincia de Valencia que han ofrecido sus instalaciones.
Como consecuencia de la dana se ha generado una importante cantidad de residuos voluminosos, restos vegetales, fangos, mezclas indeterminadas de RSU (residuos sólidos urbanos), envases y otros residuos por efecto del arrastre de las aguas. Esta mezcla de residuos acumulados en las vías entorpece los accesos y paso de vehículos de servicios de emergencia y dificulta las tareas de restitución de los servicios generales y del tráfico rodado, por lo que resulta urgente su retirada inmediata y adecuada gestión posterior de la manera más eficaz desde el punto de vista ambiental.
Así, el acopio de residuos voluminosos, lodos de limpieza viaria y lodos mezclados con material pétreo y otros inertes serán trasladados a las canteras de Barranco Lerón y Barranco Moliner en Llaurí, Cantera Carasoles en Riba-roja de Túria, Cantera Les Llomes en Bétera y una parcela colindante en Náquera, Cantera Estivalis en Atzeneta d’Albaida, Cantera Girtal en Corbera, Cantera Sierra Grossa en Bellús y la Cantera de Buñol.
La decisión de trasladar los residuos a las canteras se sitúa en el marco legal que regula la gestión de residuos en situaciones de emergencia. La ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular otorga a la Generalitat la capacidad de tomar medidas excepcionales para garantizar la seguridad y la salud pública, especialmente en casos de catástrofes naturales como las recientes inundaciones. De esta forma, se agilizan los trámites necesarios para la gestión de los residuos, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante situaciones críticas.