El gobierno de Carlos Mazón trabaja ya en lo que será la nueva ley de Libertad Educativa que promete revolucionar el sistema educativo actual. Una ley que, en palabras del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, “cambiará el modelo de imposición que llevó a cabo el anterior gobierno del Botànic para dar paso a un modelo equilibrado que fomentará la libertad de elección de las familias”, y que, además, “promocionará el valenciano e incentivará su estudio, ya que se otorgará el título de C1 a aquellos alumnos que saquen una nota igual o superior a 7 en Bachillerato”. Por el momento, tan solo se trata de una proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios del PP y Vox; aun así, la polémica está más que servida.
Desde Escola Valenciana alertan de que “bajo la trampa de la libertad, promueven el odio, la segregación y la persecución, así como la degradación de la escuela pública”. Por este motivo, han alentado a la ciudadanía a que se sumen a las distintas acciones que están llevando a cabo para hacer frente a lo que ellos llaman “políticas reaccionarias y regresivas de la derecha y la extrema derecha que atenta contra derechos fundamentales y valores democráticos, como la igualdad, la justicia y el pluralismo”.
De esta manera, además de la manifestación convocada el pasado jueves, 25 de abril, y las huelgas de la enseñanza pública que se están sucediendo, desde Escola Valenciana están organizando asambleas informativas comarcales; puntos de información en los municipios acogedores de ‘Les Trobades d’Escola Valenciana 2024’; y hasta han lanzado una campaña en redes bajo el lema ‘Eres “lliure”’ que pretende poner de manifiesto “la estrategia de desinformación del gobierno autonómico y la intención política de inutilizar el valenciano”. En definitiva, acciones dirigidas a frenar la propuesta de ley educativa de PP y Vox.
Las principales líneas de la nueva ley de Libertad Educativa
La proposición de ley propuesta por el gobierno de Mazón es, sin duda, una enmienda a la totalidad de las políticas anteriores del gobierno progresista. Así, se centra en cambios que afectarán, principalmente, al uso de las lenguas en las aulas.
En primer lugar, la ley de libertad educativa recuperaría la doble línea en castellano y valenciano, de tal manera que serán las familias, a través de una votación, las que decidan la lengua base de cada centro. En el caso de que más de un 25 % de las familias optase por una de las dos lenguas, se deberá crear una línea para tal fin. Así, si en la actualidad, es competencia del Consejo Escolar la elección del porcentaje que se destina a cada una de las lenguas, en función del área lingüística en la que se encuentren, con la nueva ley serán las familias las que tengan la última palabra.
Partiendo de esa premisa, en las zonas valencianoparlantes, desde Infantil hasta 2º de Primaria – cuando se considera que ya se ha consolidado la lectoescritura – habrá una lengua predominante (castellano o valenciano) en función de la elección de las familias, y representará el 65% de las clases. La otra lengua cooficial tendrá un peso del 25 % y el inglés se reduce a tan solo un 10%.
En el resto de niveles, la norma establece que la asignatura de Matemáticas se impartirá en la lengua principal elegida; mientras que la lengua cooficial estará presente en un 25% de las clases. El inglés, como lengua extranjera, tendrá entre un 15 % y un 25 %, en función de la votación de las familias. En cualquier caso, el porcentaje de tiempo de clase en las dos lenguas cooficiales deberá tener una diferencia que no sobrepase el 20 % del tiempo lectivo.
Además, otra de las grandes novedades que contempla la norma es que el alumnado podrá elegir el idioma en el que realiza el examen (valenciano o castellano), a excepción de las asignaturas lingüísticas.
Por su parte, en las zonas castellanoparlantes, prácticamente, desaparecerá la enseñanza del valenciano. Y es que desde Infantil hasta 2º de Primaria, solo se hablará en valenciano cuando se imparte dicha asignatura. Además, en el resto de niveles, aunque será obligatorio asistir a clase, el alumnado podrá solicitar la exención de valenciano. El resto de asignaturas se impartirán en castellano y dos o tres asignaturas en inglés.
En este punto, cabe destacar que la exención del valenciano se podrá solicitar en cualquier centro educativo de la Comunitat Valenciana. La única diferencia será que, en las zonas castellanoparlantes, podrá ser permanente; mientras que en las valencianoparlantes será temporal – durante tres cursos consecutivos como máximo – para aquellos alumnos que tengan la residencia temporal en España; sean alumnados extranjeros o de otras comunidades autónomas.
Por último, se certificará el nivel de valenciano en función de la nota total que el alumno saque en la asignatura o en el examen de selectividad; y desaparece el requisito del valenciano para el profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, pasando a ser un mérito.
Maniobra de "arrinconamiento del valenciano"
Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, ha criticado esta propuesta de ley que tiene “un claro trasfondo político para censurar el valenciano, quieren arrinconarlo y, sobre todo, problematizar una situación que no es problemática”. En este sentido, Candela recuerda que, cuando en septiembre de 2023 se modificó la ley del plurilingüismo que suprimía la obligatoriedad de que un mínimo del 25 % de las horas se impartieran en valenciano, “la mayoría de los centros educativos en las zonas castellanoparlantes decidieron mantener el porcentaje del valenciano como estaba”.
Asimismo, critica la supresión del valenciano como requisito: “es claramente un retroceso. Cada año, miles de personas se presentan a los exámenes de la Junta Qualificadora porque entienden que el valenciano es útil. Por tanto, eliminar el requisito a estas alturas tiene un claro componen político por parte del PP y Vox”.
“No estamos en contra del valenciano, pero queremos que se respeten los derechos lingüísticos”
Por su parte, desde la Asociación Hablamos Español también han criticado la nueva propuesta de ley del Gobierno de Mazón, ya que consideran que debe incluir tres cuestiones básicas: que las familias puedan elegir la lengua vehicular de las asignaturas troncales; que la rotulación e información de los centros de enseñanza esté en ambas lenguas oficiales; y que el alumnado de todas las etapas educativas pueda usar oralmente y por escrito la lengua que desee en las pruebas evaluables de todas las asignaturas. Para ello, han lanzado una campaña de recogida de firmas, que sigue activa en su web.
Valencia Extra ha hablado con Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, y ha recalcado que, “tal y como está la ley ahora mismo, no cumple con lo prometido. Nosotros defendemos los derechos de los hispanohablantes, a diferencia de las otras entidades nacionalistas que solo quieren utilizar las lenguas cooficiales para adoctrinar”. De esta manera, Lago se ha mostrado contundente al afirmar que “no estamos en contra del valenciano ni de otras lenguas cooficiales; simplemente queremos que se respeten los derechos lingüísticos. Las consecuencias que eso pueda tener para una lengua cooficial, nos es indiferente”.
La nueva ley educativa, previsiblemente, no entrará en vigor hasta el curso 2025-2026. Mientras tanto, se seguirá aplicando el modelo aprobado en 2018 que establece un mínimo del 25 % de horas en castellano, valenciano e inglés.