La síndica del PP en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha anunciado este jueves la presentación de una "reclamación formal" para que Francis Puig, hermano del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios "devuelvan a los valencianos el dinero defraudado y recibido de forma irregular y fraudulenta de los diferentes organismos de la Generalitat".Así lo ha indicado en su intervención en la sesión de control a Puig, al que ha preguntado si sabe si la Policía Judicial de la Guardia Civil ha registrado la sede de la empresa de su hermano o alguna de las de sus socios, en el marco de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de València sobre un presunto delito de fraude de subvenciones.Con esta pregunta, Ortiz ha hecho alusión a la personación de la Guardia Civil en las sedes de estas empresas, según se desprende de un auto del juzgado del pasado 21 de mayo, consultado por Europa Press, y en el que se refleja que esa actuación se llevó a cabo el pasado día 5 de ese mismo mes, en cumplimiento de una resolución judicial anterior, de fecha 17 de abril, donde el instructor pedía facturas físicas de las empresas de Francis Puig y sus socios, los Adell Bover, así como datos fiscales a Hacienda y subvenciones otorgadas por los gobiernos de Aragón y Catalunya.El juzgado también pidió en febrero del pasado año a la Guardia Civil que investigara la querella presentada contra Francis Puig y sus socios por la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C. B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.Recientemente la Guardia Civil remitió un escrito al juez en el que le alertaba de que para completar su solicitud debía tener acceso a una serie de datos y documentos con los que no contaba. La recogida de estos datos, el pasado día 5, originó en parte este último auto, a raíz de un recurso de reforma presentado por los investigados.Aludían a que no se les notificaron las diligencias que acordaba el auto del 17 de abril, por lo que pedían la nulidad. El recurso se ha desestimado, ya que la diligencia "por error involuntario no se notificó hasta el 5 de mayo, cuando la Guardia Civil acudió a las empresas a dar cumplimiento a lo acordado". Según el auto, "la nulidad requiere indefensión, y no todas las irregularidades procesales generan indefensión".