La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, lo señaló como uno de los objetivos al inicio de la legislatura: "Promoción de la autonomía personal y el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional". Un aspecto más, asegura, de los "retos" a superar para afianzar el "nuevo modelo social" que impulsan.
En una sociedad que pretende la igualdad de oportunidades con indiferencia de las condiciones de una persona, y más si esto se reconoce mediante la legislación, es deber de las Administraciones, como marca tanto en la española como la valenciana, atender esos derechos. Según los profesores Francisco Guzmán, Mario Toboso y Javier Román, la sociedad debe actuar como lo hace un "juego", pero en el que en vez de discriminar a aquellos no 'aptos' para ganar, deben buscarse unas reglas del juego "para que cualquier jugador, fuera cual fuera su capacidad y modo de funcionar, pueda participar en él". Es la síntesis detrás de políticas como el Sistema de Dependencia o la figura del Asistente Personal.
Desde la Generalitat hay vigente, ahora, una convocatoria para promocionar la "autonomía personal de las personas con diversidad funcional". Hasta el 21 de febrero se podrán solicitar unas ayudas para personas con pocos recursos que comprenden desde ayudas técnicas -como la eliminación de barreras físicas- hasta la adaptación de vehículos. Se trata de unas políticas que, tal y como señaló el Secretario Autonómico de Inclusión y Agenda Valenciana de Igualdad, Alberto Ibáñez, encontrará un refuerzo en la futura Ley de Accesibilidad Universal. Una nueva norma que abordará estas eliminaciones de barreras físicas, pero también la figura del dependiente y el acceso a la educación, sanidad o servicios sociales "en igualdad de condiciones".
La Comunitat Valenciana estaba, hace unos años, a la cola en cuanto a la promoción de la autonomía y atención de la dependencia se trataba. Desde 2015 hasta 2018, sin embargo, el número de personas atendidas ha aumentado un 71,96%, con un gasto disparado: de los 4,5 millones de 2015 a los 30 proyectados para 2020, es decir, un aumento del 667% en cuatro años. Pese a ello, el nuevo Síndic de Greuges, Ángel Luna, resaltó el pasado miércoles que aunque las quejas relacionadas con el Sistema, hay todavía un gran problema, pues miles de personas continúan en espera; la gran acumulación previa a 2015, aunque ha avanzado en gran medida, todavía limita la rapidez de atención a los solicitantes.
Un avance que destacan desde la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales y otras organizaciones como Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, pero en lo que todavía, como señalaron desde esta última y la misma Oltra, "hay mucho que avanzar".