El exvicealcalde de València con el PP Alfonso Grau seguirá en prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas dentro del conocido como caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística.De esta forma, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Grau contra su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, decretado por el Juzgado de Instrucción número 13 de València.Así mismo, y en la misma línea, el tribunal ha desestimado otros dos recursos más, los interpuestos por los empresarios imputados Mónica M.G. y Joaquín P.R., y ha confirmado su situación de prisión provisional.En total, el juzgado ordenó el ingreso en la cárcel de cinco de los arrestados en este procedimiento al apreciar riesgo de destrucción de pruebas: Grau, Mónica M.G., Joaquín P.R., el exsubdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia Rafael Rubio y el empresario Jaime Febrer. De ellos, tres recurrieron y la Audiencia no les da la razón, con lo que todos permanecerán en prisión.En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.Se trata de la segunda fase de la operación Azud, en la que fue detenido Grau, Rubio y otras 12 personas más. Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel --una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado en Ibiza.Además, los agentes de la UCO detuvieron a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau; la exalcaldesa de Xixona; y un exconcejal de Xixona.Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado.En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.