Desde su llegada a la presidencia del PP, Pablo Casado ha dado mucho que hablar con sus declaraciones ya que, precisamente, ha hecho mención a temas que han estado rodeados de polémica durante mucho tiempo en España. Una de la más recientes y que le ha valido respuestas de todo tipo ha sido la de su plan para derogar la ley del aborto de plazos de 2010 y volver a la de supuestos de 1985, durante el gobierno de Felipe González, una decisión que golpearía a los derechos de las mujeres, como ha manifestado Mónica Oltra, entre otros políticos valencianos.
El líder de la formación ha admitido que preferiría cambiar totalmente la ley actual, derogarla y volver a imponer la anterior del 85 “antes que hacer modificaciones”. Todo ello para frenar el “invierno demográfico” de España, en el que la tasa de natalidad (8,37 nacimientos por cada 1.000 habitantes) es más baja que la de mortalidad (9,07 muertes por cada millar de habitantes), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2017.
En este sentido, Casado ha dicho que “si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar” y que también se podría en peligro el sistema de salud y las prestaciones públicas del Estado del Bienestar. Tal y como informa la agencia EFE, el político ha considerado que sería mejor centrarse en “ayudas a la maternidad, a la conciliación, a la emancipación, a la vivienda o en ayudas fiscales para tener niños”. “Algunos que nos llaman tan protectores de la cultura de la vida empezarán a pensar que teníamos razón”, ha añadido.
De esta manera, plantea eliminar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (de plazos) de 2010, que reconoce el ejercicio de los derechos de libertad, intimidad y autonomía personal y a la maternidad libremente decidida. En concreto, y tras una modificación en 2015, es necesario que el aborto se practique por un médico especialista o bajo su dirección, que se lleve a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado y que se realice por consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o su representante legal.
Según la ley actual, el embarazo puede interrumpirse dentro de las primeras catorce semanas de gestación cuando lo solicite la mujer y por causas médicas cuando no se superen las veintidós semanas de gestación y exista un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o ante anomalías en el feto de gravedad o incompatibles con la vida.
A pesar de que el Ministerio de Sanidad afirma que el número de abortos ha descendido en un 16,73% desde que se aprobó esta regulación (en 2010 se registraron 113.031 y en 2017 94.123) y que expertos recomienden abrir una puerta a la inmigración para aumentar la natalidad en España, Casado opta por volver a la Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal de 1985, según la cual no será punible el aborto practicado por un médico salvo que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste, cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho delictivo y se esté dentro de las doce primeras semanas y en el caso de que se presuma que el feto naciese con graves taras físicas y psíquicas dentro de las veintidós primeras semanas de gestación.
Se trata de una propuesta que iría en la línea ideológica de Vox, que ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo esté fuera de la sanidad pública para defender la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”. De hecho, la abogada y tertuliana Paloma Zorrilla, afiliada en la formación de ultraderecha de Navarra, se ha dado de baja del partido porque la organización le ha abierto un expediente a ella y a su marido porque él es ginecólogo y practica abortos en una clínica de salud.
Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido uno de los políticos valencianos en contestar al líder de la oposición por considerar que volver a la ley del aborto sería una “actitud preconstitucional” y porque su objetivo es “arrastrar votos de la extrema derecha”, ha destacado Europa Press. “El derecho de la mujer a tomar su propia decisión de tener o no un hijo no tiene nada que ver con el debate de la natalidad y de la cuestión demográfica”, ha añadido el socialista.
También se ha manifestado la Vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que ha dicho al presidente del PP que “cada vez que hablan [los dirigentes del PP] sube el pan” y que “cuando se retrocede en la historia nos acercamos más a la barbarie que a la civilización”. Para la también Consellera de Políticas Inclusivas hay que respetar y promover las decisiones que adopten las familias y las mujeres y ha recordado medidas de apoyo como la puesta en marcha de ‘Xarxallibres’, la eliminación del copago farmacéutico en el caso de las familias monoparentales o las escuelas gratuitas de 0 a 3 años, “medidas que hacen una maternidad y paternidad más fácil”.
https://twitter.com/franferri_/status/1093663698756009984
Fran Ferri, Síndic de Compromís en Les Corts, también ha lanzado en sus redes sociales a través de un meme y compartiendo opiniones como las de Íñigo Errejón, que ha manifestado: “En España las familias necesitamos permisos iguales, un modelo de vivienda para las personas y no para los fondos buitres, etc. El PP, en cambio, propone lanzar a las mujeres a “El cuento de la criada”. Fanatismo en lugar de soluciones. En esa deriva son un peligro”.