La Conselleria de Economía Sostenible estudiará detenidamente el informe de la Abogacía de la Generalitat que rechaza su propuesta para refundar Feria Valencia e IFA como corporaciones privadas de derecho público, bajo la tutela de la Generalitat, y analizará el documento en "busca de soluciones" para la situación del recinto ferial.Desde el departamento que lidera el conseller Rafa Climent acatan la decisión de la Abogacía, aunque "difieren" en algunas de sus conclusiones y admiten "algo de frustración" porque no se haya pronunciado antes sobre algunas cuestiones que llevan ya años debatiéndose, según han explicado fuentes de este departamento a Europa Press.En su informe, la Abogacía de la Administración autonómica se basa en jurisprudencia del Tribunal Constitucional para argumentar que la Generalitat "no sería competente para constituir y regular la organización y funcionamiento de una Corporación de DerechoPúblico, al margen del derecho estatal".Sin embargo, para el área Economía "no puede ser que la ausencia de regulación básica impida que lo regulen las CCAA y en este caso no hay regulación de corporaciones de derecho público, simplemente está la regulación de las cámaras de comercio".La Abogacía indica asimismo que la eventual configuración de las ferias como Corporaciones de Derecho Público, actuando como organizaciones de interés profesional y económico, en el marco del comercio interior, "se trata de una regulación que, en principio, está vedada al instrumento jurídico del Decreto-Ley, según el artículo 86 CE".Además, considera que tampoco se cumplen los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" para que la propuesta de Economía se tramite como Decreto-Ley. Cabe recordar que la idea era que, posteriormente, se ratificara en Les Corts con las aportaciones que se considerasen.Según la Abogacía, la transformación de Feria en corporación de derecho público "no afectaría realmente a la actividad ferial, en el sentido de que dicha actividad viene prestándose con normalidad con la actual naturaleza jurídica, como asociación de utilidad pública", por lo que la motivación de la urgencia no es "suficiente".Respecto a esta cuestión, en Economía admiten que ya eran conocedores de que la tramitación como Decreto-Ley era "compleja" pero recuerdan que por eso mismo expusieron que después tendría que ser ratificado en Les Corts como proyecto de ley. En todo caso, aceptan que ahora habrá que ir a una "tramitación más lenta" y mientras, Feria continuará como hasta ahora.
COLABORACIÓN VS DUPLICIDAD
Por otra parte, el texto de la Abogacía señala que no se puede incurrir en "duplicidades" respecto a las Cámaras de comercio en virtud de la legislación básica estatal y cree que se deben eliminar aspectos que la identifican con una administración pública y como parte del sector público, cuando en realidad se trata de una entidad asociativa de base privada.Aquí, el área de Economía "difiere" y asegura que "no hay una ley que diga que no puede haber dos entidades que incidan en el mismo aspecto. Según argumentan existen diversas cámaras de comercio, además del Consejo de Cámaras y Cámara España y todas ellas "colaboran desde distintos niveles de competencia", como podrían hacer las ferias en este caso, cuyo papel en la internacionalización de la economía "es incuestionable".
"CUALQUIER SOLUCIÓN PASA POR LA DESAPARICIÓN DE LA DEUDA"
En cuanto a su situación financiera, la Abogacía considera que a efectos de resolver los problemas actuales de Feria Valencia e IFA, --con una deuda de 474 millones y 76 millones respectivamente, que figuran en una cuenta acreedora en favor de la Generalitat, después de que esta se subrogada su deuda-- la Abogacía señala que para garantizar su viabilidad financiera futura, debe tenerse en cuenta que como corporaciones de derecho público tendrían naturaleza jurídico-privada y para la Generalitat serían un tercero de carácter privado.En consecuencia, la Generalitat no podría utilizar fórmulas como el contrato-programa, ni cederle o adscribirle sin más las instalaciones feriales que son de su pertenencia, debiendo sujetarse a los procedimientos previstos en la Ley 14/2003 de Patrimonio de Generalitat; y estaría limitada en su financiación por el derecho de la competencia y los limites derivados de las ayudas de Estado. En definitiva, "no siendo las instituciones feriales parte del sector público, los mecanismos para colaborar en su viabilidad financiera, no podrán ser los que la ley prevé para las AAPP", remarca.Desde Economía recuerdan que ya dijeron que su propuesta no resolvía el problema de la deuda e instaban a Hacienda a cancelar la cuenta acreedora. El informe, lamentan "dice que no pero no da soluciones" y creen que Hacienda tendrá que decir cómo solucionar el problema de la deuda, "porque cualquier solución pasa por desaparición de la deuda".Si al final, la solución es optar por crear una empresa pública, como planteaban desde la Conselleria de Hacienda recientemente, desde Economía lamentan que no lo haya planteado antes, dado que es un debate que arrancó en 2016 y según recuerdan, era el área que dirige Vicent Soler la que se negaba entonces.Por último, como "posible solución" la Abogacía de la Generalitat plantea la figura del "consorcio administrativo" que formaría parte del sector público según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, con participación tanto de las AAPP como del sector privado, y manteniendo su actividad mercantil, como forma cooperativa entre una Administración Local y otras Administraciones y entidades privadas.Al respecto, en el departamento de Economía recuerdan que era algo que ya habían propuesto "por activa y por pasiva" y "si no se ha hecho es porque para eso tienen que querer los entes consorciados, y a fecha de hoy, ni la cámara ni el Ayuntamiento estaban dispuestos sobre todo teniendo en cuenta la existencia de la deuda", han concluido.
