La Diputació de València debatirá el próximo lunes, en el pleno de septiembre, la moción contra la nueva tasa de residuos del Gobierno central presentada por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, a través del grupo Ens Uneix al que representa en la corporación provincial. El texto cuestiona el tributo estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no apliquen esta tasa tendrán que hacerlo de forma obligatoria.
En opinión de Enguix, “el municipalismo está unido contra esta nueva tasa que pretende incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía, y que en muchos casos duplicará, triplicará y hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”. La vicepresidenta primera de la Diputación y primera teniente de alcalde en Ontinyent considera “injusto que no se permita a los municipios que disponen de recursos reducir ese impacto, como sucede hasta ahora”. Además, “el problema del nuevo tributo afectará especialmente a los municipios pequeños y medianos, que son la mayoría y que pueden verse afectados por subidas desproporcionadas para sus vecinos”, añade Enguix.
La nueva tasa, que tiene su origen en una directiva marco europea y que persigue el pago por generación en un futuro, fue anunciada en mayo por el Ejecutivo central y deberá estar aplicada en todos los entes locales antes de abril de 2025. En este sentido, los consistorios más grandes trabajan en medidas que sirvan para amortiguar la aplicación de la tasa de residuos estatal y evitar así que se incremente la presión fiscal en sus municipios.
Natàlia Enguix expone que la normativa “aumentará la desigualdad al no basarse en la capacidad económica de las personas contribuyentes, ya que las tasas de la basura se aplican de manera uniforme sin tener en cuenta el consumo, la generación de residuos y la renta de cada familia”. La vicepresidenta primera de la Diputació de València insiste en que el nuevo tributo “es un ataque a la autonomía de la administración local, al obligar a incrementar el pago incluso en los ayuntamientos saneados que pueden hacer frente al déficit que genera el servicio”.
La moción, respaldada por el equipo de gobierno del PP y Ens Uneix al completo, acuerda instar al Gobierno de España a no obligar a los ayuntamientos a incrementar la tasa de recogida de residuos, así como a escuchar la voz del municipalismo, que se opone a repercutir la totalidad del coste del servicio en la ciudadanía.