La Diputació de València da un paso más en la consolidación de su control interno, un proceso en el que se implicó Presidencia en respuesta a los requerimientos y sugerencias de los habilitados nacionales de la institución, y que se pone de manifiesto en el Informe Resumen de Control Interno y el Plan Anual de Control Financiero presentados en el mes de abril.
En cifras, el informe de control interno del pasado ejercicio recoge 11.468 fiscalizaciones, más de un millar respecto a 2020. Un 75% de las mismas pertenece al área de Contratación, reflejándose un incremento importante en el área de Personal. Entre los 38 departamentos con capacidad de gestión, Carreteras, Medio Ambiente, Patrimonio, Bienestar Social y Promoción Cultural son los que más expedientes tramitan. Del total, un 85% de las tramitaciones recibieron la conformidad en primera instancia.
También se han incrementado los informes de estabilidad presupuestaria, 272 frente a los 227 del ejercicio 2020 y los 205 del año anterior. Y en cuanto a la fiscalización del Plan de Inversiones 2020-21, el programa que engloba la financiación de infraestructuras y servicios en los municipios y mancomunidades de la provincia, el interventor constata 2.399 informes de proyectos favorables y 82 desfavorables.
Las subvenciones
El informe no aprecia fraccionamiento de contratos y valora la gestión de las subvenciones a través del Gestor de Expedientes. En números, se fiscalizaron 1.113 subvenciones, consolidando así la cifra del anterior ejercicio, donde se produjo el punto de inflexión con un incremento del 80% en los trámites realizados con la nueva herramienta. En este sentido, Intervención no ha detectado graves deficiencias en los expedientes, que en los casos oportunos se han subsanado sin reparos. Como recomendación, insta a los gestores de la Diputación a reforzar la comunicación con los beneficiarios de las subvenciones y a instruirles en la utilización de las herramientas informáticas para hacer una correcta justificación de las mismas.
Por otra parte, el portal de Transparencia de la Diputació contiene las auditorías externas realizadas a los entes del sector público dependiente de la Diputación, con la supervisión de los interventores. A través de la web pueden consultarse las cuentas de la propia corporación, el Consorcio Provincial de Bomberos, Egevasa, Girsa y Divalterra, que se encuentra en el tramo final de su proceso de liquidación.
El informe de la Intervención General de la Diputación concluye que “se han aumentado considerablemente las facultades de intervenir en las decisiones de la administración mediante controles internos y la publicidad de los mismos”, al tiempo que valora el Plan de Acción del Presidente para resolver las deficiencias detectadas por los interventores, que en el pasado ejercicio incluyó mejoras en materia de informática, subvenciones, personal y protección de datos.
Escuchar y mejorar
De cara al presente ejercicio, Intervención propone dos líneas de mejora en contratos y subvenciones, valorando el trabajo que se está realizando por parte del actual equipo de gobierno y confiando en la eficacia del Plan de Acción del Presidente, que aborda estas sugerencias con “medidas correctoras estructurales”. Una mayor didáctica con los beneficiarios de las subvenciones, que se traduzca en una mejor justificación de las mismas, y la supervisión de cada contrato por un técnico-profesional, que puede encontrarse en la propia Diputación, son las propuestas sobre las que insiste el interventor en su informe.
El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, tiene claro que “la transparencia no sirve de nada si se queda en una declaración de intenciones, pero puede mejorar mucho las instituciones si clarificamos trámites y gestiones, dejamos trabajar a los que saben y escuchamos sus consejos en cada uno de los procesos administrativos”. Obsesionado con la reducción de la burocracia, Gaspar ha presentado ya dos planes de acción desde Presidencia para dar respuesta a las recomendaciones de los habilitados nacionales, principales aliados para velar por la legalidad de los procesos y la agilidad y la eficiencia en la gestión.
El segundo plan de acción se tradujo en 2021, como recoge el informe de Intervención, en mejoras en distintas áreas, desde Informática a Personal, pasando por las subvenciones y la protección de datos. Fruto del trabajo conjunto entre Presidencia e Intervención se ha modernizado el Gestor de Expedientes e implantado el Portal de Contratación Menor, mientras que se ha intensificado la elaboración de una normativa de protección de datos a raíz de las amenazas en materia de ciberseguridad.
Otros proyectos impulsados desde el Plan de Acción del Presidente, del que dio cuenta en el pleno de julio de 2021, son la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones, dirigida a la creación de un plan estratégico para todas las áreas y un futuro departamento de subvenciones; y la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Personal que regula la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño de los trabajadores de la corporación.
Cambio drástico
El refuerzo del control interno en la Diputación comenzó a ponerse de manifiesto a partir de 2016, si bien el cambio drástico se evidencia más claramente comparando los últimos tres ejercicios con los primeros años de la década. En 2011, la Diputació no contaba con un control de legalidad financiera en ninguna de sus áreas y delegaciones. Actualmente existe un plan anual de control financiero que se creó en 2016; un informe resumen de control interno puesto en marcha en 2019; un plan de acción del presidente pionero estrenado el pasado año; y un control permanente sobre facturas, subvenciones, contratos, pagos, personal y puestos de alta dirección.
En cuanto a las empresas y organismos propios de la institución, Divalterra, Egevasa, Girsa y el Consorcio Provincial de Bomberos cuentan con un control de legalidad financiera que se encarga del cumplimiento de la normativa vigente en todos los expedientes, y los tres primeros disponen igualmente de un sistema de control de legalidad operativa que analiza el resultado de la puesta en marcha de estos expedientes y las posibles consecuencias de su ejecución.