La diputada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación de Valencia, la socialista Isabel García, ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción número 4 como investigada por presunta malversación y prevaricación en relación a una subvención de 60.000 euros que otorgó en 2016 como diputada de Deportes al equipo de motociclismo de Manuel 'Champi' Herreros. El expiloto también ha prestado declaración.
García, que no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que le aguardaban a su llegada pasadas las 9.00 horas en la puerta de la Ciudad de la Justicia, figuraba inicialmente como número 4 de la lista del PSOE a las elecciones generales por Valencia, pero tras la citación la dirección federal la sustituyó por Josefa Andrés.
El juzgado ha citado a declarar tanto a Isabel García como al expiloto, la directora de Deportes de la Diputación, y un técnico para este martes como investigados. Las imputaciones, que se produjeron en el pasado mes de febrero, llegan después de que el juzgado recibiera la documentación solicitada a la Diputación de Valencia.
Previamente, la Fiscalía Provincial había pedido que un juzgado investigara la posible existencia de prevaricación o malversación de caudales públicos en una subvención de 60.000 euros que la Diputación de Valencia otorgó en 2016 al equipo de motociclismo de 'Champi' Herreros.
En este escrito, la entonces fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, solicitaba la incoación de diligencias previas por el juez de Instrucción correspondiente al observar de la documentación recabada que la constitución e inscripción del club de motociclismo Champi Competición fue posterior al momento de la publicación de la convocatoria de la subvención y al día que finalizó el plazo para la presentación de solicitudes.
La Fiscalía abrió una investigación en agosto de 2018 después de que se remitiera un escrito por parte de la diputada de Ciudadanos en Les Corts Mª José García, donde informaba de que el club de 'Champi' no cumplía con los requisitos exigibles para recibir la ayuda, concedida el 25 de octubre de 2016, por lo que entendía que podía haberse producido un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
A estas diligencias se unió otro escrito remitido a Fiscalía por el diputado provincial del PP Francisco Miguel Izquierdo, que sumaba también la posibilidad de que se hubiera producido un delito de tráfico de influencias.
Posteriormente, el diputado 'popular' amplió su denuncia al considerar que podía haber existido también un fraude no solo en lo relativo a la concesión de la subvención, sino también en la justificación para la concesión de tal ayuda, dado que señalaba que el club de motociclismo podría haber hecho facturas 'ad hoc' para justificar la subvención.
A raíz de los escritos de Ciudadanos y PP, que no están personados en la causa, el ministerio público solicitó documentación a la Diputación para esclarecer los hechos.