El pleno de Les Corts ha dado luz verde este jueves a la proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que llevaba pendiente desde 2020 y sustituirá a la actual norma de 2015. Incluye una serie de obligaciones para los miembros de las administraciones públicas en materia de información, bienes, obsequios, subvenciones o contratos, además de realizar cambios en el Consejo de Transparencia.
Este texto ha salido adelante tras la presentación de 47 enmiendas conjuntas de los grupos del Botànic (PSPV-Compromís-UP) y varias transaccionadas con la oposición, principalmente con Cs, que finalmente ha votado en contra del texto, al igual que el PP como Vox.
En el debate de este miércoles, la socialista Mercedes Caballero auguró que esta ley ayudará a recuperar "la confianza de la ciudadanía en sus representantes" y justificó la decisión del PSPV de retirar su enmienda para que los miembros del Consejo de Transparencia no tuvieran dedicación exclusiva, como establece el texto. "Por encima de las opiniones de grupo está la gobernabilidad", afirmó.
Jesús Pla (Compromís) defendió la utilidad de la ley para "no vivir episodios del pasado" y avanzar en los principios de publicidad activa o reutilización de la información, de cara a una futura "estrategia valenciana de datos abiertos". También confió en que el Consell de Transparencia gozará de mayor independencia y los valencianos serán "pioneros" en España en transparencia.
Como portavoz adjunta de UP, Estefania Blanes destacó que el texto ha mejorado "sustancialmente" durante la fase de participación pública y defendió el nuevo modelo de Consejo de Transparencia, garantizando que si no da resultado se modificará. Tras agradecer la colaboración de Cs, lamentó la falta de colaboración del PP y recordó que decidieron no pactar con Vox porque "no pueden aportar nada".
Entre la oposición, el 'popular' Fernando Pastor justificó su voto en contra al considerar que la ley que aprobó el PP en 2015 se puede mantener con alguna reforma, mientras la del Botànic "es innecesaria y no aporta nada nuevo". "Había que cambiarla fuese como fuese y eso se llama complejo", criticó, y advirtió que el nuevo texto "limita la información y relaja las obligaciones para altos cargos".
De Cs, Mamen Peris acusó al Botànic de tramitar la ley como proposición y no como proyecto para "esquivar todos los informes preceptivos", pero remarcó que tienen una "razón de peso" para darle un 'sí': la incorporación de su propuesta de "titularidad real" para que se hagan públicos los nombres de las personas que están detrás de las empresas que firman contratos con la administración. "Los hermanos ya no se van a esconder detrás de S.L.", avisó.
Y por Vox, el diputado David García apuntó a "motivaciones narcisistas de la consellera", Rosa Pérez Garijo (EUPV), para cambiar la ley, una propuesta que aseguró que "el PSPV estuvo bloqueando durante meses su debate en comisión". Es más, auguró que al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "no le va a gustar porque le gusta usar lo de todos en beneficio propio".