Compromís pide quitar competencias cautelarmente a Vera en Divalterra y PSPV apunta que no tiene cargo político

Compromís ha defendido quitarle las competencias de manera cautelar al jefe de servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, mientras no se esclarezca su papel en el caso Azud, tras su detención en el marco de esta operación. Mientras, el PSPV ha apuntado que su cargo es laboral y no político, por lo que apartarle supondría vulnerar sus "derechos vinculados a la presunción de inocencia".Así lo han manifestado la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, y el síndic de los socialistas, Manolo Mata, en declaraciones a los medios previas a la Junta de Síndics de este martes, al hilo de la decisión del Consejo de Administración de Divalterra de mantenerle al frente de los servicios jurídicos, pero apartarle del proceso de disolución, extinción y liquidación. En el marco de la operación Azud, Vera ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante la juez, con medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias semanales.Mas se ha preguntado por qué no ha habido ningún voto en contra --PP y Cs se abstuvieron-- y ha apuntado que no comparten la decisión de este órgano en el que Compromís no está presente. Así, ha considerado que se le debería haber apartado cautelarmente hasta que se resuelva su presunta implicación en el caso.Mata, por su parte, ha apuntado que el cargo de Vera es "de trabajador" y no por designación política, por lo que apartarle supondría "vulnerar sus derechos vinculados a la presunción de inocencia".Además, ha afirmado que "no le consta" que fuera militante del partido ni que "nunca haya estado en ningún órgano de decisión, aunque sí "está casado desde hace 30 años con una persona que era diputada en Corts y estaba en la ejecutiva". "Si hubiera sido militante supongo que le habríamos suspendido de militancia como a Rafa Rubio", ha agregado.

"QUE DEVUELVAN EL DINERO"

Respecto al caso Azud, las portavoces adjuntas de Compromís y PP, Mas y Eva Ortiz, han coincidido en pedir que los responsables paguen por sus actos y que se devuelva el dinero. "Quien la haga que la pague, del color que sea", ha agregado Ortiz.La portavoz adjunta del PP ha apuntado que este es un caso "de alto alcance" --en el que también ha sido detenido el exalcalde 'popular' de València Alfonso Grau-- y se ha mostrado "muy respetuosa" con la actuación de la justicia. Ortiz ha expresado su deseo de que la justicia trabaje "con acierto y premura".Además, ha tildado el caso de "situación grave" y ha apostillado que "todos esos políticos que estaban dándose golpes de pecho, ahora se les escucha menos". Así, ha pedido "autocrítica" al PSOE y les ha instado a que "exija el nivel que le han pedido a otros grupos y otros partidos".Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha lamentado este tipo de casos de "corrupción reiterada" que "cuando no es del PP es del PSOE", por lo que ha lamentado que "el bipartidismo ha ido lastrando a toda la sociedad".En este sentido, ha defendido que su partido es "muy firme contra la corrupción" --algo que también ha remarcado Aitana Mas sobre Compromís-- y ha afeado al bipartidismo la "degradación de la política" que suponen estos casos, así como su oposición a medidas que ha propuesto Ciudadanos para prevenir la corrupción.Desde Vox, Ana Vega ha esperado que caiga "todo el peso de la ley" sobre "quienes han cometido delitos en reiteradas ocasiones" y ha lamentado la "vergüenza" de que a la Comunitat Valenciana "se la conozca por el mal endémico" de la corrupción.Por ello, ha criticado a 'populares' y socialistas y ha reclamado "instituciones limpias" ya que "los políticos venimos a servir y no a servirnos".

UP PEDIRÁ REFORZAR ANTIFRAUDE

También la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha pedido que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables y ha lamentado que "todavía aparecen restos y resquicios" de la etapa de corrupción del bipartidismo contra la que se levantó el 15-M.En este sentido, ha remarcado que su grupo "fue capaz de poner en marcha" la Agencia Valenciana Antifraude en la pasada legislatura y ha anunciado que llevará al pleno una Proposición No de Ley (PNL) para el fortalecimiento de esta institución.