La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, y la portavoz de Compromís en la Comisión de Derechos Humanos, Cristina Rodríguez, han presentado una propuesta en las Corts para pedir al Ministerio del Interior que se produzcan mejoras urgentes relacionadas con la seguridad sanitaria y la salud en los centros penitenciarios de Picassent (València), Albocàsser (Castelló) y Villena (Alicante), de forma que el funcionariado y las personas internas que conviven estén más protegidas frente en la COVID-19. El pasado mes de enero la prisión de Picassent tuvo un brote con 41 positivos. Semanas después se produjo un segundo brote con 90 positivos más entre los internos, los contagios fueron aumentando llegando a superar la cifra de 150 internos positivos y unos 20 funcionarios. En este sentido, las diputadas han explicado que, "según denuncias de sindicatos, las medidas de prevención no fueron suficientes ante el primer brote y podrían haberse reducido los contagios con medidas como, por ejemplo, la suspensión de actividades no esenciales o la sustitución de las citas familiares por videoconferencias, como se hizo ante el segundo brote". La diputada Cristina Rodríguez ha insistido que "evitar la propagación del coronavirus dentro de las prisiones y garantizar los derechos fundamentales de las personas son dos objetivos a los que se enfrentan las administraciones públicas en el contexto de la pandemia mundial provocada por la COVID-19. Así, además de las necesarias mejoras sanitarias, hay que garantizar las comunicaciones de la población reclusa con el exterior mediante la tecnología adecuada". "Por eso con esta iniciativa pedimos que Les Corts insten al Consell a instar, a su vez, al Gobierno de España a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, a tomar medidas que garanticen la salud de todas las personas en las prisiones valencianas. Urgen más recursos humanos y materiales dentro de los centros penitenciarios para garantizar una ampliación de turnos que permita hacer el trabajo en mejores condiciones; es necesario aislar a las personas afectadas por el coronavirus preferentemente en una instalación médica en lugar de una celda". Por su parte, Mònica Álvaro ha subrayado la importancia de "suministrar, tanto al funcionariado como a la población reclusa, los equipos de protección individual (EPI) suficientes y adecuados para poder garantizar los cambios requeridos como medida de prevención frente al virus. Y también establecer que las mascarillas sean de uso obligatorio en todos los espacios comunes, tanto abiertos como cerrados, incluidos talleres, comedor, patio, y otras zonas donde se comparta espacio con más personas además del compañero de celda". Álvaro también ha señalado que "desde el grupo parlamentario Compromís todavía estamos esperando respuesta por parte de la Delegada de Gobierno, Gloria Calero, sobre la petición de documentación relacionada con la situación sanitaria y los protocolos COVID-19 que se están siguiendo en las prisiones valencianas. Dicha información nos hubiera venido muy bien para contrastar lo que nos cuentan los sindicatos y comprobar que al Estado español le preocupa la seguridad sanitaria en las prisiones". "Pero mientras no llega esa documentación, hemos hecho la propuesta de elaborar un protocolo de actuación para el correcto funcionamiento de los grupos burbuja, de forma que se pueda garantizar la continuidad y el funcionamiento seguro de los talleres ocupacionales sin riesgo de contagio ante situaciones de brotes en las prisiones. Y hemos planteado la necesidad de elaborar un protocolo para garantizar que las personas que estén cumpliendo cuarentena tengan acceso a zonas al aire libre al menos durante una hora al día, creando un circuito seguro de paso independiente de la población no contagiada", ha concluido Mònica Álvaro.