El juzgado encargado de investigar el caso Azud desgrana en varios autos el funcionamiento de la trama, que se basaba principalmente en 'mordidas', contratos a dedo y regalos. En uno de ellos, apunta que el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, pudo haber recibido más de dos millones de euros en comisiones por favorecer a sociedades pertenecientes al Grupo Axis, del empresario investigado Jaime Febrer, considerado presunto cabecilla de esta trama.
Así se recoge en el sumario del caso Azud, cuyo secreto se levantó parcialmente el pasado viernes. En la causa se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
En un auto del juzgado, con fecha de 2021, se especifica que Grau habría recibido más de dos millones de euros en comisiones a cambio de su intervención para otorgar varios contratos a dedo a empresas de Jaime Febrer. Además, habría recibido un piso de lujo en el centro de València, un local, un bajo y un garaje, según ha podido saber Europa Press.
Estas propiedades habrían sido abonadas por parte de una sociedad participada por Febrer, por Mónica Montoro y Federico Ferrando, igualmente investigados en el procedimiento. Además, el piso se habría pagado en parte con dinero en efectivo.
A cambio de estos pagos, Grau habría intermediado para favorecer a las empresas de Febrer con adjudicaciones y con diferentes operaciones urbanísticas. Según el mismo informe, tras estas comisiones, el exvicealcalde habría anotado un incremento patrimonial entre los años 2002 y 2014 de alrededor de 730.000 euros.
Por su parte, el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, también habría recibido diferentes comisiones por su etapa en el consistorio, en concreto, unos 300.000 euros.
LOS REGALOS
El sumario también recoge un listado de regalos efectuados por parte de la trama a diferentes personas y cargos públicos, entre ellos Grau y el diputado del PP y vicepresidente segundo en Les Corts Jorge Bellver, por su etapa al frente de la Concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento de València.
En concreto, Grau habría recibido una pluma Montblanc en 2002 valorada en 510 euros; una trolley más un maletín Loewe en 2005; y una cartera y un portafolios marrón en 2009.
Por su parte, Bellver habría obtenido un reloj Omega Seamaster en las Navidades de 2003; un reloj Brentley en 2005; y una trolley de Loewe en el año 2006 valorada en 970 euros.
La jueza está investigando si Jorge Bellver, a cambio de estos regalos, medió para favorecer a la trama en la adjudicación de diferentes contratos públicos, en concreto, al empresario Jaime Febrer.
En el caso en que estime que hay suficientes indicios delictivos contra él para imputarle en el procedimiento, deberá inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), órgano competente para investigar a aforados, como es su caso. Como paso previo, por el momento, la jueza ya ha pedido a Les Corts que acredite la condición de diputado de Jorge Bellver.
Bellver figura como investigado en el procedimiento aunque no se trata de una imputación formal. Es decir, por el momento se ha investigado su presunta relación con la trama y al estimar la jueza que los hechos podrían ser constitutivos de delito, se inhibirá al alto tribunal valenciano para que continúe con la investigación y lo cite para declarar, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
LA CAUSA
En esta causa, originada hace cinco años, se investigan delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal y figuran como imputadas unas 60 personas.
Entre los investigados se encuentran Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad. Al exsubdelegado del Gobierno y al exresponsable de Finanzas socialista el PSOE les suspendió de militancia y les abrió expediente.
Actualmente se ha levantado parte del secreto de las actuaciones y permanecen bajo secreto las piezas 2, 3, 4, 5 y 6, así como toda la documentación intervenida en soportes y dispositivos de almacenamiento masivo de información, en soportes informáticos, telemáticos y de telefonía móvil, es decir, toda la documentación que no fue incautada en el registro en soporte papel y que fue objeto de registro en mayo de hace un año. También, determinados folios de distintos tomos de la pieza principal.