El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha remitido al Gobierno central 56 demandas concretas de la Comunitat Valenciana para tratar en la reunión del próximo viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así lo ha trasladado durante la sesión de control en Les Corts donde ha subrayado que nuestro territorio “ya no puede esperar más” ha remarcado su compromiso por defender las justas y necesarias reivindicaciones de la Comunitat. En esta línea ha incidido en reclamar un fondo de nivelación transitorio que nos equipare al resto de autonomías mientras no se reforme el actual sistema de financiación autonómica.
Durante su intervención, el jefe del Consell ha reprochado al PSPV su “traición a todos los valencianos” al haber roto la unidad por primera vez en la Taula pel Finançament por “renunciar al fondo de nivelación”.
Así, ha recordado que en 2022, el expresident Ximo Puig firmó un acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que se proponía de manera conjunta la “creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación” prorrogable hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación que equiparase a las comunidades infrafinanciadas.
Durante su respuesta al grupo parlamentario socialista, el president de la Generalitat ha señalado también que este mes de septiembre, el paro en la Comunitat Valenciana ha descendido en 1.148 personas, el más bajo de un mes de septiembre desde 2008 en nuestro territorio.
Así, Mazón ha subrayado que este año, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en términos absolutos en la que más empleo se crea, con 97.000 nuevos puestos de trabajo. El president ha subrayado el liderazgo de nuestro territorio en creación de empleo femenino, juvenil y en el sector industrial.
Asimismo, ha pedido al Ejecutivo central que se pronuncie sobre la petición de la anulación de sentencias al poeta alicantino Miguel Hernández después de que el Consell haya aprobado una declaración institucional para apoyar la petición de la familia.
Aumento de recursos en políticas sociales y educativas
En respuesta al síndic de Compromís, el jefe del Consell ha atribuido el aumento de deuda de la Generalitat al actual sistema de financiación autonómica que “es un desastre”, al tiempo que ha destacado que el Consell “no va a renunciar ni a un céntimo del fondo de nivelación, ni de la deuda, ni del sistema de financiación autonómica”.
Durante su intervención, el president ha comparado el compromiso en materia de servicios sociales o educación del actual Consell con el último año del Botànic. Así, ha hecho referencia a las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia que “en el último año del Botànic destinaron 559 millones de euros mientras que en el primer año del gobierno del cambio han sido 635 o los 288 millones del actual Consell aportados a la renta valenciana de inclusión frente a los 283 millones del anterior gobierno”.
Asimismo, ha explicado el aumento hasta los 117 millones de euros del bono infantil frente a los 79 del anterior ejecutivo valenciano, mientras que en ayudas al comedor escolar en educación infantil y primaria se han pasado de 66 millones a los 70 millones del actual Consell. En esta línea, también ha hecho referencia al transporte escolar para el alumnado de infantil y primaria que “en el último año del Botànic fueron un millón de euros por los 1,3 millones actuales”.
Es este ámbito educativo, el jefe del Consell ha pedido respeto al grupo parlamentario Compromís al “autogobierno de los valencianos” y ha lamentado que hayan recurrido la Ley de Libertad Educativa de la Comunitat Valenciana, aprobada por Les Corts, ante el Tribunal Constitucional “junto a sus amigos” del Bloque Nacionalista Gallego, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts o Bildu. Por ello, ha reprochado a Joan Baldoví que haya vulnerado “nuestra ley de libertad educativa que aprobó el gobierno legislativo de Les Corts Valencianes”.
Necesidad de una nueva legislación en materia migratoria
Por otro lado, a respuesta al grupo parlamentario VOX, el jefe del Consell ha mostrado su “preocupación”, al igual que la mayoría de los españoles y europeos, por la inmigración ilegal. A este respecto, Mazón ha recordado que, la política migratoria es “competencia del Gobierno central y la función de la Generalitat y el resto de las autonomías es asistencial en los términos que dicta su ordenamiento jurídico”.
Así, ha señalado la “irresponsabilidad” del Gobierno de España que “no trabaja en origen” y al que “todavía no se le conoce gestión alguna ante la Unión Europea”. De este modo ha hecho referencia a que el problema migratorio “es de 27 países” no solo de 17 comunidades autónomas, que no pueden incumplir la ley porque sería “estar en contra del estado de derecho”.