La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha acusado al Gobierno central de romper unilateralmente el acuerdo sobre las viviendas del Cuartel de Ingenieros de Valencia.
En respuesta a una pregunta durante la sesión del Pleno de les Corts Valencianes de hoy, Susana Camarero ha pedido al Gobierno de España “que retome la senda de colaboración que ha funcionado durante más de 15 años, con gobiernos de distintos signos políticos”.
“Pedimos al Ejecutivo central que mantenga el compromiso alcanzado, es necesario que el proyecto del Cuartel de Ingenieros continúe cuanto antes, con la seguridad jurídica y administrativa que solo da la coordinación entre instituciones”, ha apuntado.
Además, Camarero ha mostrado su preocupación ante la decisión del Gobierno de España de modificar unilateralmente el modelo de colaboración previsto para el desarrollo de viviendas públicas en el antiguo Cuartel de Ingenieros de València, “una decisión que se ha tomado sin comunicación formal previa, que ha roto una línea de trabajo conjunta de numerosos años y que llega en el peor momento posible para la Comunitat Valenciana”.
A este respecto Camarero ha añadido que “después de muchos años de trabajo coordinado entre administraciones, y con acuerdos claros firmados y aceptados por todas las partes, nos hemos encontrado con un cambio de planteamiento que no ha sido trasladado oficialmente, sino a través de los medios de comunicación”.
Por ello, la vicepresidenta primera ha lamentado el desprecio institucional y ha exigido una rectificación inmediata por parte del Gobierno central para que el proyecto de viviendas públicas siga adelante en los términos del acuerdo, garantizando la cesión de los terrenos a la Generalitat, para que pueda ejecutarse con la máxima celeridad.
Más de 15 años de trabajo conjunto
Cabe recordar que la actuación prevista en el Cuartel de Ingenieros tiene su origen en un convenio entre la Generalitat, el Ayuntamiento de València y el SEPES (organismo dependiente del Gobierno central) por el que la Generalitat asumía el papel de administración actuante y promotora, mientras que el SEPES se encargaba de las obras de urbanización.
En 2019 se suscribió un protocolo con el entonces Ministerio de Fomento para cofinanciar la promoción de viviendas. Posteriormente, en mayo de 2023, ambas partes firmaron un acuerdo que contemplaba la construcción de 358 viviendas en régimen de alquiler asequible con fondos europeos Next Generation EU. Sin embargo, los retrasos en la urbanización –competencia del SEPES– obligaron a reformular el acuerdo.
“Lejos de abandonar el proyecto, desde la Generalitat mostramos nuestra voluntad de continuar y, en mayo de 2024, se firmó un nuevo acuerdo que actualizaba los compromisos sin depender de fondos europeos, pero mantenía el objetivo de cesión de los suelos para desarrollar las viviendas mediante colaboración público-privada”, ha recordado la vicepresidenta primera.
Así, en 2024 se adaptó el contrato, dado que el proyecto ya no contemplaba fondos europeos, y -ha continuado diciendo la vicepresidenta primera- “la Generalitat Valenciana, el 28 de octubre, un día antes de la dana, había enviado la aceptación al convenio que ya había revisado el Gobierno, y lejos de responder, en enero el Gobierno anuncia en los medios de comunicación que se queda el proyecto, sin respuesta formal y sin más explicaciones”.
“Hemos trabajado con lealtad institucional. Por eso, consideramos que este giro inesperado en la gestión del proyecto, y sin una explicación clara, no beneficia ni a las instituciones implicadas ni, sobre todo, a las personas que esperan una vivienda”, ha afirmado la consellera.
Una nueva etapa de incertidumbre
El nuevo planteamiento anunciado por el Gobierno central prevé que sea una empresa pública estatal —aún no constituida— la que se encargue del desarrollo del proyecto, en lugar de mantener la colaboración previamente establecida con la Generalitat.
“Respetamos que el Gobierno central pueda considerar nuevas fórmulas, pero creemos que los cambios en proyectos tan consolidados deben abordarse desde la lealtad, el diálogo y la cooperación; no se trata de competir entre administraciones, sino de garantizar que los valencianos tengan acceso a una vivienda digna en el menor plazo posible”, ha añadido la vicepresidenta primera.
Mientras tanto, el Consell continúa con su plan de impulso de la vivienda pública. A día de hoy, ya se han licitado más de 1.300 viviendas, se han entregado otras y hay 139 en construcción. A lo largo de este año, comenzarán las obras de más de 2.000 nuevas viviendas.