La consellera de Justicia, Interior y Función Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este viernes ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las cuentas de su departamento para el próximo año, que se incrementan en un 10,73 % respecto al año anterior hasta alcanzar los 717,75 millones de euros.
Según ha explicado la consellera, “las políticas de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública forman parte del gran escudo social que la Generalitat ha diseñado para afrontar los grandes retos que tenemos por delante” y ha considerado que estas cuentas “permitirán articular políticas específicas para ayudar a las familias y a las empresas en un escenario marcado por la emergencia económica y social provocada por la guerra de Ucrania”.
“La legislatura 2015-2019 fue la etapa de la restauración y recuperación de derechos y la que estamos a punto de concluir nos ha permitido construir un modelo de justicia, administración pública y seguridad y emergencias que sitúa a la Comunitat Valenciana como referente para el resto del territorio” ha asegurado Bravo.
Asimismo, ha destacado que “con el presupuesto de 2023 iniciamos la etapa de consolidación de todos los proyectos que siguen pivotando sobre tres ejes: una justicia eficaz y eficiente que garantice el ejercicio y la defensa de los derechos y libertades; un marco de convivencia seguro donde la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos y una Administración que conforme ese gran motor de los servicios públicos que propicia el progreso, el desarrollo sostenible, la innovación y la cohesión económica y social”.
Para lograr estos objetivos, tal y como ha detallado Bravo, las dos direcciones generales que conforman el área de Justicia dispondrán de 498 millones de euros, la de Seguridad y Emergencias de 185 millones de euros y la de Función Pública de 16 millones de euros.
Entre las principales novedades del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, la consellera ha destacado la ampliación de la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) por todo el territorio, con equipos itinerantes que darán servicio a municipios más pequeños y que contará con una inversión de 500.000 euros y la creación de la cuarta oficina especializada para víctimas de violencia de género, en Elche.
Además, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública también implantará nuevos servicios de orientación jurídica especializada y de turno de oficio para atender a los afectados por la crisis energética, creará un centro de estudios jurídicos y, en materia de emergencias, implementará una unidad de análisis e inteligencia de respuesta a las emergencias.
498 millones de euros para el área de Justicia
La Dirección General de Justicia dispondrá para el año que viene de 421 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,5 % respecto al año anterior, y la dirección general de Acceso a la Justicia y Reformas Democráticas contará con 77 millones de euros, lo que supone una subida del 16 por ciento.
“Han sido siete años de mucho trabajo para que la Comunitat Valenciana cuente hoy con más órganos judiciales, en mejores sedes accesibles y sostenibles; con más servicios, personal y medios y, lo que es más importante, que atienden mejor al más del millón de valencianos y valencianas que, cada año, acuden a los juzgados y, muy especialmente a las víctimas del delito y, entre ellas, a las de violencia de género”, ha afirmado durante su comparecencia.
En este punto, la consellera ha destacado el Plan de Infraestructuras Judiciales, que ha aumentado su presupuesto en 2023 de 66 a 87 millones de euros para la construcción de nuevos palacios de justicia, la reforma de sedes y otras actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética.
De hecho, ha subrayado que la Comunitat Valenciana es la única región que cuenta con un plan de sostenibilidad y eficiencia energética en los edificios judiciales que, tras una inversión desde 2019 de 18,4 millones de euros y 27 actuaciones, ha supuesto un ahorro del 15 % en la factura eléctrica.
En cuanto al plan de infraestructuras, ha enumerado los proyectos principales, entre los que destacan la nueva ciudad de la Justicia de Alicante con 12 millones de euros, la rehabilitación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia con 6,7 millones, la restauración de la fachada de la Ciudad de la Justicia de Castelló por un importe de 1,9 millones de euros, el inicio de las obras del nuevo palacio de Justicia de Alzira con 13,2 millones que empiezan el mes próximo y las obras, ya en marcha, de los nuevos juzgados de Llíria con una dotación de 9 millones de euros.
Durante su comparecencia en Les Corts, Bravo ha detallado el resto de las partidas del área, destacando los 6 millones de euros para el sistema de gestión procesal Just@, los 12 millones para los refuerzos en los juzgados de la Comunitat Valenciana, los 4 millones para la creación de órganos judiciales y los 1,3 millones para las Unidades de Valoración Forense Integral.
En este sentido, ha considerado esencial garantizar el acceso a la justicia como servicio público en igualdad de condiciones. Con este fin, el presupuesto para Justicia Gratuita ha crecido en un 160 por ciento desde el año 2015 hasta los 62 millones de euros, que se traducirán en un aumento de las actuaciones y de las retribuciones de los profesionales del turno de oficio, que pasarán de esta manera a ser los mejores pagados de España.
De hecho, la consellera ha destacado que “la Comunitat Valenciana es la única que gasta más que la media europea en Justicia Gratuita”, ya que, según revela un informe del Consejo de Europa, el gasto medio en el continente es de 8,5 euros por habitante, mientras que en España es de 6,5 y en la Comunitat Valenciana ya es de 9,4 y, con estos presupuestos, subirá a 12,2.
Además, en 2023 seguirá creciendo la red de Justicia Próxima, compuesta por las oficinas de orientación jurídica en los municipios Justiprop y el servicio de mediación Mediaprop. Para ello y para la transformación digital de los juzgados de paz, se dedicarán casi 4 millones de euros.
Mención especial en la comparecencia de la consellera han merecido las víctimas del delito y, especialmente, las de violencia de género. En este sentido, ha subrayado su compromiso y el del Consell para luchar contra el terrorismo machista, para lo que en 2023 se destinarán 24 millones de euros, es decir, unos 65.000 euros diarios, entre los servicios de atención especializados puestos en marcha por la Conselleria, la asistencia gratuita para mujeres víctimas, los nuevos juzgados de violencia de género o la formación para cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otras cuestiones.
Al respecto, Bravo ha destacado las dos Oficinas de Denuncias y Asistencia a las víctimas de Violencia de Genero, en Valencia y Castellón, a las que se sumarán las de Alicante este año y Elche el año que viene. En total, se destinarán 2,3 millones de euros para seguir ayudando a las víctimas de terrorismo machista, como las más de 2.500 que han sido atendidas hasta ahora.
También ha puesto en valor la red de 37 oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, que “se ha convertido en un referente en España” porque es la más amplia, la que más personal tiene (más de 200 profesionales) y la que más personas ha atendido (120.000). Esta red contará para el próximo ejercicio con un presupuesto de 10,8 millones, es decir, 3,9 millones de euros más que en 2022, lo que permitirán que esta red crezca con la puesta en marcha de equipos itinerantes provinciales.
185 millones de euros para el Departamento de Interior
El área de Interior contará con un presupuesto de 184,9 millones de euros, un crecimiento del 10 por ciento respecto a las cuentas de 2022. Según ha asegurado la consellera durante su intervención en la comisión parlamentaria, este presupuesto se destinará a aumentar el personal que da respuesta a las emergencias; mejorar los recursos tecnológicos y las infraestructuras; impulsar más políticas de prevención; y promover la formación y especialización de los y las profesionales.
Además, Bravo ha subrayado el aumento de la partida para extinción de incendios, que pasa de 143 millones de euros a un total de 161 millones, “la mayor inversión que jamás ha hecho la Generalitat en esa materia”. “Todas las proyecciones anticipan un incremento del riesgo de incendios y episodios metereológicos cada vez más extremos y peligrosos y estos nuevos desafíos exigen el diseño e impulso de políticas encaminadas a mejorar nuestra capacidad de anticipación ante los riesgos”, ha comentado Bravo.
En esta línea, ha detallado los proyectos principales para reforzar las capacidades operativas del 1·1·2 a través de las nuevas tecnologías y el refuerzo para el servicio de bomberos forestales que pasa por la renovación del parque de autobombas (un millón de euros), el incremento de los componentes de las unidades helitransportadas (3 millones), la implementación de un servicio exclusivo de vigilancia aérea preventiva (un millón) o la compra de los nuevos equipos de protección individual (3 millones), además de la nueva unidad de análisis e inteligencia, dotada con 500.000 euros.
Función Pública aumenta su presupuesto hasta los 15,78 millones
El área de Función Pública contará con un presupuesto total de 15,78 millones de euros, un 13,5 por ciento más que el año anterior, “una inversión que nos permitirá continuar avanzando en el mayor proceso de transformación y renovación de capital humano de la Generalitat desde la recuperación de nuestro autogobierno”.
Además, ha explicado que con una inversión superior a los 10 millones de euros se pondrá en marcha la Escuela Valenciana de la Función Pública (EVAP) que se encarga de la selección y formación del personal y ha destacado además el gran esfuerzo que está realizando la Administración Pública para afrontar el relevo generacional y estabilizar las plantillas.
Finalmente, la consellera también ha recordado el nuevo programa de becas para opositores, 700 euros al mes para 700 opositores, con una dotación presupuestaria de casi 2 millones de euros.