La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que el futuro reglamento de capacitación lingüística que regulará el nivel de conocimientos de Valenciano necesarios para el acceso a la Función Pública supone "una gran oportunidad" para que el Valenciano "deje de ser considerado una lengua menor y como mérito" y, por esa razón, "se incorpore al mismo nivel que el castellano".
Así se ha expresado la responsable de la Función Pública valenciana tras la recepción del informe elaborado por la Comisión de Competencia Lingüística, que servirá de base para regular la capacitación lingüística necesaria para acceder a la Administración valenciana tal y como establece la nueva Ley de Función Pública. Este informe, según ha explicado la consellera, ha sido "consensuado" por las personas que integran la Comisión.
El reglamento se aprobará mediante un decreto que irá acompañado de otro en el que la Conselleria de Educación determinará qué nivel de valenciano tendrá acreditado el alumnado tras finalizar cada etapa educativa. Ese nivel será el que se exija para cada uno de los niveles de la administración ya que, tal y como ha explicado la consellera, "somos partidarios de que el sistema educativo garantice el C1" al finalizar la enseñanza secundaria y, en todo caso "con el mayor nivel de valenciano" posible.
Gabriela Bravo ha mostrado su intención de "dialogar todo lo necesario para llegar a un acuerdo razonable" que, para el acceso al empleo público "no puede pasar por exigir niveles superiores a los que el sistema educativo garantiza para toda la ciudadanía". En este sentido, ha apuntado que "ahora mismo, con el sistema actual no se está garantizando el nivel B2".
Por otra parte, la consellera ha anunciado que la Generalitat "va a cumplir con el objetivo de reducir la temporalidad la Administración Pública valenciana del 50% al 8% que marca la ley, gracias a una convocatoria de empleo extraordinaria de más de 3.000 plazas y a los procesos de estabilización que ya están en marcha". En total, se estabilizarán un total de 8.499 puestos.
Para ello, se va a convocar una Oferta de Empleo Público (OPE) extraordinaria de 3.009 plazas. De ellas, saldrán a concurso 2.436 a concurso-oposición las 573 restantes antes del 1 de junio.
Esta OPE extraordinaria se suma a los procesos de estabilización de puestos de trabajo interinos de las OPES de 2017, 2018 y 2019, que están en marcha y con las que se cubrirán 5.490 puestos.
La Función Pública valenciana cuenta con 9.667 personas interinas, de las cuales 8.310 están en puestos estructurales y, de ellas, 6.503 no tienen titular. La Administración General valenciana tiene una plantilla compuesta por 19.072 personas entre personal funcionario de carrera, interino y personal laboral.